La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como parte de la estrategia denominada “Operación Restitución”, ha logrado la vinculación a proceso de 11 personas relacionadas con delitos de despojo, extorsión y secuestro exprés, cometidos principalmente en municipios como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Coacalco y Chalco, entre otros.
Entre los imputados se encuentran cinco miembros de la autodenominada organización “USON” (Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales), quienes, mediante violencia, amenazas y usurpación de autoridad, despojaban a propietarios legítimos de casas, locales y terrenos, para luego exigir pagos para devolverlos. Operaban con total impunidad, aprovechando su número y armamento, especialmente en zonas urbanas densas.
Uno de los principales operadores identificados es José Carmelo “N”, vinculado por el delito de extorsión. El 16 de abril, junto con otras personas, se presentó en un domicilio en Tecámac, profiriendo amenazas para forzar el pago de una supuesta “cuota”. La víctima fue intimidada con lenguaje violento y advertencias sobre represalias contra su familia.
Otra detenida es Gabriela “N”, vinculada a proceso por ingresar a un domicilio en Ecatepec en octubre de 2024, en ausencia de los propietarios. Usando amenazas armadas y mencionando conexiones con “USON”, obligaron a la víctima a entregar 30 mil pesos, sin devolverle la propiedad.
Asimismo, Ulises “N”, Juan Alberto “N” y José Manuel “N”, también de USON, fueron procesados por despojo tras amedrentar con armas a un propietario en Ecatepec, obligándolo a abandonar su casa.
En paralelo, la Fiscalía también procesó a Hugo Francisco “N”, líder de otra organización denominada “GOPEZ” (Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata). En 2023, ordenó una detención ilegal con apoyo de policías municipales en Ecatepec para despojar a una persona de su propiedad. Exigió 300 mil pesos, de los cuales la víctima pagó 70 mil, sin recuperar el inmueble. Posteriormente fue extorsionada nuevamente, bajo amenazas de muerte.
Se investigan además redes de complicidad institucional. Elementos de GOPEZ habrían contado con respaldo del anterior gobierno municipal de Ecatepec para ejecutar despojos mediante falsos alertamientos. En ocasiones, se detenía a los legítimos propietarios bajo acusaciones fabricadas, y al liberarlos, las propiedades ya habían sido ocupadas por miembros del grupo.
Otra organización investigada es “Unión 300” o “Los 300”, vinculada a delitos de homicidio, narcomenudeo, extorsión, robo y despojo. Se presume que contaron con protección del más alto nivel de la administración pasada de Ecatepec. Sus integrantes incluso grababan sus delitos y los difundían para desviar investigaciones, adjudicándolos a supuestos grupos rivales.
De este grupo, Jorge “N” fue vinculado a proceso por invadir un inmueble con trabajadores de albañilería contratados con un contrato presuntamente apócrifo. También Alberto Eduardo “N” fue procesado por exigir dinero a empleados de una empresa de telecomunicaciones, a quienes amenazó con matarlos si no pagaban por “protección”.
Ambos están vinculados a Luis “N”, alias “El Conejo”, detenido en Veracruz, señalado como cabecilla de la red criminal.
En Chalco, integrantes del “Sindicato 22 de Octubre”, Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N” alias “El Taz”, fueron procesados por ingresar a una vivienda con violencia. En el enfrentamiento, la víctima y su familia se defendieron, resultando muertos dos de los agresores. “El Taz” ya enfrentaba otro proceso por extorsión.
Por su parte, el grupo “Los Gastones”, con presencia en Chalco, Valle de Chalco y zonas de la Ciudad de México, también fue vinculado a estas actividades. Su líder, Brandon Salvador “N” alias “El Gastoncito”, fue vinculado por extorsión, tras amenazar a una comerciante a quien exigió pagos mensuales de protección. Además, enfrenta cargos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta el 6 de junio, se han vinculado a proceso a 11 presuntos integrantes de estos grupos, y se han cumplimentado órdenes de aprehensión contra otros cuatro presuntos implicados, relacionados con extorsión y secuestro exprés. Entre ellos, Abigail “N”, también de “USON”, implicada en los hechos de Tecámac ya mencionados, y Daniela “N”, Rita “N” y José Antonio “N”, investigados por secuestrar a dos personas en marzo de 2023 en Zumpango para impedir la ejecución de una diligencia legal.
Además, la Fiscalía ha identificado una estructura de colusión institucional. Se ejercerá acción penal contra 12 servidores públicos estatales y municipales por su probable participación en los delitos. Se investiga a personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), funcionarios de Desarrollo Urbano, Catastro y mercados municipales de diversos municipios, por abuso de autoridad y registro fraudulento de propiedades.
También se investiga a tres notarios públicos, dos del Valle de Toluca y uno de Ecatepec, por presunta falsificación de documentos notariales y participación en actos de despojo.
Las audiencias de formulación de imputación sin detenido se llevarán a cabo entre el 10 y el 27 de junio, con el fin de continuar desmantelando el entramado criminal que ha operado al amparo del poder local y bajo la fachada de organizaciones sindicales o sociales.
La “Operación Restitución”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuenta con el apoyo de la SEDENA, MARINA, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Su objetivo es devolver propiedades a legítimos dueños, desarticular grupos delictivos, y castigar la complicidad institucional que ha permitido el despojo sistemático del patrimonio de ciudadanos mexiquenses.