A casi 38 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, que se registró en Lomas Taurinas, Tijuana el 23 de marzo de 1994, y a pesar de todas las investigaciones, aportaciones y detenciones que se han registrado entre distintos fiscales que han sido asignados al caso, por los presidentes que han asumido el poder, los avances siguen estancados, sin que haya una resolución definitiva.
Ante las incidencias que se han dado en relación con este caso, fuentes cercanas a las investigaciones y al juez quinto de Distrito, Jesús Alberto Chávez Hernández, han revelado datos importantes que el juez recibió de parte de la Fiscalía General de la República junto con el expediente de los presuntos asesinos de Luis Donaldo Colosio que incluye al segundo tirador, plenamente identificado por autoridades. Pero a pesar de tales evidencias y pruebas, el juzgador decidió negar las órdenes de aprehensión, por lo que los autores intelectuales y materiales siguen en libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso 28 años después para ahondar en la investigación con el objeto de llegar al esclarecimiento del magnicidio ocurrido en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Según informan las fuentes informantes, la decisión del fiscal Alejandro Gertz Manero, tomada el 4 de abril de 2023, trajo con ello a un especializado equipo de fiscales encabezados por Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada. Unas de sus primeras acciones fue enviar la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos de la FGR.
Galván Gallardo también solicitó a la dirección general del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura copia de las constancias del expediente que integró la comisión especial del caso Colosio.
Se sabe que el 26 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió a la FGR que realizara una nueva investigación por las supuestas violaciones graves que sufrió Mario Aburto Martínez, sentenciado a 30 años por el crimen del entonces candidato presidencial.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció la protección del Estado al asesino material de Colosio si declaraba la verdad y demostraba que había sido torturado.
También fue creada la Comisión de la Verdad a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta institución internacional le pidió al Presidente López Obrador el indulto para Mario Aburto, pero dicha decisión no se ha tomado, aunque su caso está en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presunto caso de tortura.
Un año después de la reapertura del caso Colosio, el Fiscal Abel Galván y su equipo han logrado importantes aportes en la búsqueda de esclarecer el asesinato: dieron con el presunto segundo tirador que acabó con la vida de Colosio Murrieta. La PGR acusó por este hecho a Othón Cortez, quien fue liberado por falta de pruebas, pues nunca acreditaron que él haya hecho el segundo disparo.
El nuevo expediente del caso Colosio fue robustecido por el equipo de Galván Gallardo con más evidencias que apuntan a personajes públicos que habrían participado en la maquinación del magnicidio como autores intelectuales.
Según revelan fuentes cercanas al caso Colosio, con las evidencias suficientes, el Fiscal Galván Gallardo se reunió con su jefe superior, Alejandro Gertz Manero, y tomaron la decisión de consignar el expediente reforzado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, encabezado por Jesús Alberto Chávez Hernández, para que librara varias órdenes de aprensión en contra de presuntos autores intelectuales del crimen de Colosio y del segundo tirador que las autoridades federales tienen plenamente identificado.
Pero entonces el caso empezó a empantanarse, desde que el Juez Chávez Hernández determinó negar las órdenes de aprehensión con argumentos endebles y torcidos que ya están siendo analizados por los fiscales con el objeto de apelar el fallo judicial porque aseguran que el nuevo expediente es sólido y contundente por el cúmulo de evidencias que lo soportan.
Fuentes fidedignas denuncian en el anonimato que después de que Chávez Hernández emitió el fallo, varios colegas suyos se reunieron con el juez para celebrar el severo revés que le dieron a la Fiscalía. Entre copas, brindis, risas y burlas, dichas fuentes recuerdan frases como: “que se vayan a la chingada el Presidente y la Fiscalía… no les vamos a dar gusto en este caso, todo los que nos consignen sobre este asunto, no pasara”.
Con estas denuncias y la posición asumida por el juez Chávez Hernández, queda claro que detrás de este asesinato hay personajes políticos de mucho peso y jerarquía a los que el juez tendría la consigna de proteger o de evitar que sus nombres salgan a la luz. Y ya ni hablar de la corrupción del Poder Judicial y los intereses políticos que defienden.
