Tras confirmar que por lo menos 12 aspirantes a cargos de elección popular, por amenazas de muerte, declinaron participar en las elecciones de junio próximo en Morelos, las dirigencias del PAN-PRI-PRD y RSP exigieron al Congreso del Estado no conceder permiso al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para buscar un escaño en la Cámara de Diputados por el Movimiento de Regeneración Nacional y con ello no contar con fuero y enfrente las múltiples acusaciones que existen en su contra.
“Ante las amenazas de delincuentes, se ratificó la decisión de que 12 de ellos se bajen de la contienda electoral, pues primero está la preservación de la vida. Es falso que tanto autoridades federales como estatales y municipales vigilen y cuiden de quienes, desde la oposición, pretenden competir por un cargo de elección popular. La determinación está dada y no tiene regreso, ya que primero está privilegiar la vida”, asentaron las dirigencias partidistas opositoras.
Se destacó que las amenazas contra muchos de sus aspirantes a presidencias municipales y otros puestos de elección popular continúan, por lo que no se descartó la posibilidad de que el número de dimisiones aumente, debido a la ineficiencia de autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los candidatos.
En la oportunidad, demandaron al Congreso estatal no permita que Blanco Bravo se ausente del cargo de gobernador para buscar una diputación federal, ya que de ganarla contaría con fuero constitucional y con ello evadiría la acción de la justicia, la que “debe de llamarlo a cuentas por las conductas presuntamente constitutivas de delito en las que ha incurrido y convertido a Morelos en una de las entidades de mayor violencia e impunidad del país”.
Se destacó que Jesús Corona Damián, quien busca la reelección como presidente municipal de Cuautla, no se ha dejado intimidar por la delincuencia organizada que hace unos días tiroteó la camioneta en que viajaba y que no haber estado blindada los sicarios hubieran cumplido su negro cometido, que era el de privar de la vida al político.
Lo anterior es sólo un ejemplo de la violencia con la que los delincuentes pretenden frenar las candidaturas a los cargos de ellos popular, sobre todo a las de presidencias municipales y regidores, en los que, todo indica, pretenden imponer a los candidatos de la delincuencia, lo que no debe ser permitido por las autoridades electorales.
No se informó si respecto a las amenazas de sus candidatos han presentado denuncias formales ante las autoridades competentes.
