Conforme se acerca la fecha del 20 de marzo cuando el juez Brian Cogan decida la suerte de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y se resuelva si se da la oportunidad de un nuevo juicio o se desecha de manera irrevocable, salen a la luz de manera sorpresiva nuevas incidencias que fuentes cercanas a la Fiscalía de Brooklyn han filtrado a través de medios y redes.
Vale aclarar que el juicio a García Luna deberá concluir, a más tardar, tres semanas después de las elecciones presidenciales en México. Si no se acelera el proceso, a finales de junio será condenado por el juez Brian Cogan, o anulará el juicio y repondrá el proceso, como pretende la defensa del imputado.
Según revelan fuentes de toda confianza al interior de la Fiscalía de Brooklyn, este no es el desenlace que tenía en mente el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le pidió al gobierno de Donald Trump su detención.
Esas mismas fuentes revelan que la mañana del 9 de diciembre en Dallas, García Luna fue detenido en el pequeño departamento que rentaba temporalmente mientras trabajaba un programa de seguridad para un condado. Revelan los informantes de manera confidencial que los alguaciles lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano de Dallas, y tras ingresar lo llevaron a un salón en donde lo esperaban siete funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y la CIA. Sin un abogado presente, sin grabación de lo ahí platicado y sin minutas para registrar lo dicho, el representante de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn le dijo que su captura había sido “a petición del presidente de México” para que imputara a varias personalidades mexicanas de la política, el sector privado y los medios de comunicación.
Las fuentes señalan que el abogado de la Fiscalía mencionó por nombre a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sin identificar ni precisar, al “señor de la telefonía”, al “de la televisora”, a “los del Canal de las Estrellas” y “al empresario de medios que tiene hospitales”. Era una lista larga donde estaban incluidos todos los procuradores y procuradoras desde el gobierno de Salinas al de Enrique Peña Nieto, así como todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación.
Siempre a través de fuentes cercanas a la citada dependencia, se aclara que en dicha lista no aparecía el nombre del presidente Ernesto Zedillo, también se le ofreció un listado de 10 periodistas.
En todos los casos y referentes pedían que García Luna acusara a los empresarios de haber utilizado dinero del narcotráfico en sus empresas, y que el resto habían sido parte de un esquema de corrupción y encubrimiento.
Los informantes resaltan que García Luna rechazó la propuesta del representante de la Fiscalía. Su explicación, de acuerdo con la información en los ámbitos judiciales de Brooklyn, es que no imputaría a nadie de quien no tenía información.
Aquí comienzan las represalias en contra de García Luna, luego de su negativa.
El exsecretario no fue enviado a una celda ordinaria, sino a un SHU, las siglas en inglés de Unidad Especial de Vivienda, con la que identifican en el sistema penitenciario estadounidense espacios de dos metros cuadrados que no tienen nada para sentarse o acostarse, y que permanentemente tienen la luz encendida para que el reo pierda toda la noción del tiempo.
Aproximadamente dos horas después de la primera reunión, en un vuelo privado desde Nueva York, de acuerdo con la información obtenida, llegó a quien identifican como el titular de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn. Sin embargo, las fuentes no supieron confirmar si se trataba de Richard Donoghue, cabeza de esa poderosa oficina judicial.
El titular de la Fiscalía de Brooklyn, como lo refieren en las informaciones ya filtradas en algunos medios, le repitió a García Luna que había sido detenido por “petición del presidente de México” -al que nunca llamó por su nombre-, y le dijo que, a cambio de las imputaciones y que se declarara culpable, el gobierno de Estados Unidos le ofrecía que estaría en prisión sólo siete meses, al término de lo cual saldría libre y recibiría un pago “millonario”, que no cuantificó, para compensar que perdería las empresas que tenía en México y Estados Unidos.
García Luna repitió lo que había dicho al representante de la Fiscalía que le adelantó parte del acuerdo horas antes, que no imputaría a nadie, porque no tenía información que hubieran estado vinculados con el narcotráfico, ni prueba alguna contra ellos. El titular de la Fiscalía le dijo que eso no importaba. Que él los señalara y que del resto se encargarían los fiscales. Además, le dijo que no se declararía culpable porque era inocente de las acusaciones que le habían formulado. Lo regresaron al SHU.
