Aunque Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, comentó en conferencia de prensa que hay la intención de que la reducción de jornada laboral se vote este año, también aseguró que es casi imposible que el proceso legislativo concluya en 2023 y la reforma entre en vigor al próximo.
El proyecto de reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo se presentó en 2022, pero debido a la complejidad del tema, el proceso legislativo no podrá terminar en 2023.
El objetivo es fomentar la salud física y mental de los trabajadores y propiciar un equilibrio en el tiempo de trabajo y descanso.
Romero detalló que luego de que los diputados le den visto bueno, el Senado de la República lo discutirá y si no hay cambios, se deberá avalar por 17 congresos locales para que entre en vigor.
Para analizar la reforma, se realizaron cinco foros de Parlamento Abierto. El último se realizó el lunes 13 de noviembre. Los resultados se anunciarán el 21 de noviembre, para después dictaminar y enviarla al pleno para que se debata, se apruebe o no pase.
El 15 de diciembre se termina el periodo de sesiones del año legislativo y, por lo tanto, es la fecha límite para aprobar o no la reforma.
De aprobarse la jornada laboral de 40 horas, se aplicará a partir del 2024 y luego de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Una reforma relacionada con los derechos de los trabajadores ya se aprobó en la Cámara de Diputados: habrá cárcel para los empleadores que obliguen a sus empleados a realizar jornadas laborales excesivas.
Las modificaciones se realizaron a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mismas en las que se incluyen sanciones a quienes promuevan jornadas laborales que superen las de la ley.
La Ley para erradicar la trata de personas incluye un apartado relacionado con la explotación laboral, mismo que sería modificado luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del 25 de octubre y de que la Cámara de Senadores, a quien se turnó la iniciativa, la apruebe para su posterior decreto.
