El proceso para redactar y plebiscitar por segunda vez un proyecto de nueva Constitución en Chile avanza a su recta final envuelto en una fuerte controversia, ya que la derecha ha logrado imponer sus posiciones en el texto que se someterá a consulta el próximo 17 de diciembre.
Esta semana, el Consejo Constitucional aprobó el informe que recibió por parte de la Comisión Mixta. Nuevamente, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos meses, la iniciativa fue avalada por los representantes de la derecha y ultraderecha, y rechazada por la izquierda y el centro.
Ahora solo falta que el próximo lunes se someta a una última votación para que el texto final sea entregado el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric. A partir de ese momento comenzarán oficialmente las campañas a favor y en contra de la nueva propuesta.
El año pasado, en el primer plebiscito se impuso el rechazo debido, en gran parte, a las denuncias de que la izquierda había impuesto su visión en la propuesta, sin disposición alguna a llegar a acuerdos transversales. Es decir, a su falta de consenso.
Ahora ocurre lo mismo, pero con la derecha. La acusación incluso ha acuñado un nuevo término, ya que el nuevo texto ha sido bautizado como “Kastitución”, en referencia al excandidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, quien actualmente lidera la oposición a Boric.
Kast y sus aliados ya comenzaron la campaña en favor del borrador constitucional, en tanto que desde el oficialismo lo rechazarán.
Si gana esta última postura, entonces seguirá rigiendo la Constitución que está vigente y que es herencia del dictador Augusto Pinochet, ya que no se podrá convocar a un tercer plebiscito.
El segundo proceso está a cargo de una Comisión Experta de 24 miembros elegidos por el Congreso, que redactaron un anteproyecto posteriormente enviado al Consejo Constitucional formado por 50 integrantes votados por la ciudadanía. Este cónclave, en su mayoría, está integrado por militantes de la derecha y ultraderecha, lo que les ha permitido imponerse en las votaciones.
Algunas de las polémicas más fuertes se han centrado en los artículos que se refieren a Chile como un estado social y democrático de derecho, o que estipulan el derecho a la vida y la libertad sindical.
En el primer caso, dirigentes de izquierda han advertido que, si bien el reconocimiento de un estado social y democrático de derecho implica mecanismos de solidaridad, en el desarrollo del texto se refuerza el modelo de capitalización individual en rubros como las pensiones o la salud, lo que implica una contradicción y altera el sentido de los objetivos constitucionales que se pretenden alcanzar.
Por otra parte, los conservadores lograron imponer un artículo que “protege la vida de quien está por nacer”, lo que fue impugnado por colectivos feministas que advierten que ello pone en riesgo la ley que permite el aborto por tres causales: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer corre peligro o si hay inviabilidad fetal.
Con respecto a la libertad sindical, el Consejo cambió casi por completo el texto que envió la Comisión experta y vetó el derecho a huelga en el sector público, lo que provocó duras impugnaciones que no fueron escuchadas.
Más allá de los detalles, la mayoría de los artículos ha sido avalado por mayoría, sin consenso, por lo que ya es impugnado de antemano, de la misma manera que ocurrió en 2022.
El debate constitucional avanza en un clima de apatía, ya que el interés fue en declive después de que el primer proyecto fuera rechazado en el plebiscito de septiembre del año pasado.
Las encuestas han demostrado de manera insistente un mayoritario voto en contra, aunque el “apruebo” ha comenzado a repuntar.
Por ejemplo, la consultora Cadem, que realiza estudios semanales, el lunes publicó un sondeo que revela que el 31 % votará a favor de la nueva propuesta, lo que representa un 3,0 % más que la semana pasada. Sin embargo, el 65 % cree que volverá a ganar el rechazo.
Pero, como ahora, a diferencia del año pasado, a la oposición le interesa que sí se apruebe, ya iniciaron la campaña con miras a ese objetivo.
Bajo el lema “Te quiero Chile”, el Partido Republicano, que lidera Kast, comenzó a difundir ideos en múltiples plataformas con mensajes que apelan a los temas que más le interesan a la ciudadanía como seguridad, salud, educación, corrupción, impuestos y pensiones.
Por el contrario, desde el oficialismo todavía no cuentan con una figura política de peso que encabece la campaña del rechazo.
