Es necesario garantizar en los próximos comicios el voto de las personas en situación de calle, porque de negarles esta participación son discriminados y se invisibilizan sus derechos, aseguraron consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Lo anterior deriva de una encuesta a 100 personas de este sector, cuyos resultados serán utilizados en la construcción de programas y políticas públicas para promover la inclusión y participación en las elecciones.
En la presentación de resultados de la “Encuesta sobre Percepción Electoral de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, ¡Yo quiero Participar!”, elaborada por la organización El Caracol A.C., Mauricio Huesca, consejero del IECM, destacó la importancia de comprender los contextos urbanos de las poblaciones callejeras para diseñar políticas públicas que promuevan su inclusión y acceso a los derechos político electorales.
Huesca subrayó que las personas que viven en condición de calle carecen de todos los servicios básicos e identidad, a la vez que son quienes se encuentran más expuestas a la discriminación de distintas autoridades.
Sin embargo, destacó que es de suma importancia lograr que participen en la vida política y lograr su empoderamiento, por lo que aseguró que es necesario garantizar su voto en la próxima jornada electoral.
El consejero refirió que el Censo de Poblaciones Callejeras de 2017 en la capital señaló que existían 6 mil 754 personas en situación de calle, la Secretaría de Inclusión y Bienestar, así como el Inegi realizaron el conteo anual; en diciembre de 2020 se ubicaron a 932 personas, ante esto, agregó que las variaciones representan una dificultad para contabilizar de forma certera a la población en dicha condición.
Carolina del Ángel Cruz, consejera del IECM, retomó la variación en las cifras presentadas por las instituciones sobre el número de personas en situación de calle, lo cual es un problema porque no se les contabiliza bien o, en el peor de los casos, “porque no los queremos ver”.
Expuso que si no se les contabiliza, les son negados sistemáticamente sus derechos humanos, se invisibilizan sus problemáticas, no se conoce su opinión y no se promueve su participación, derivando en que sean desagregados de la población a la que pertenecen.
Por ello, enfatizó que es deber de las autoridades aplicar la normativa correspondiente para eliminar progresivamente la discriminación y garantizar el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley.
