Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicitó a los titulares de la Secretaría del Agua, la Comisión del Agua, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras, así como a las y los alcaldes de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco y Nezahualcóyotl, adopten medidas urgentes que garanticen el acceso al derecho humano al agua acorde con la prelación que establece la Ley de Aguas Nacionales.
Además, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) le solicita establecer una fiscalía especializada contra la sustracción de agua sin autorización, licencia o permiso expedido por una autoridad competente.
Conforme al punto de acuerdo impulsado por el diputado morenista Max Agustín Correa Hernández, no obstante que las constituciones estatal y federal incorporan el derecho humano al agua, las Zonas Metropolitanas y municipios conurbados del Estado de México enfrentan graves problemas para su acceso y disfrute.
En Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, señala el punto de acuerdo, la población manifiesta preocupación por la reducción del suministro del Cutzamala y habitantes de las colonias más afectadas han denunciado inequidad en la distribución del agua potable por parte de sus gobiernos municipales.
La ciudadanía, expuso el legislador, ha documentado la extracción y el tráfico ilegal de agua de los pozos, ductos, tanques y plantas de bombeo, mediante pipas irregulares a la vista de las mismas autoridades; incluso con camiones-pipas propiedad de los organismos de municipales de agua que la extraen de pozos y las dirigen a empresas y plazas comerciales.
También reportan la presencia de fugas en ductos de la red de agua potable de los municipios mencionados, las cuales prevalecen durante meses sin ser atendidas, lo que genera un desperdicio considerable en el sistema de distribución y almacenamiento de agua potable, causadas por una falta de mantenimiento, así como una mala calidad en el agua que llega a los hogares, a la que incluso por su alto nivel de turbiedad le llaman “tamarindo”.
Detalló el legislador que, conforme a la ley, en una crisis hídrica como la que tenemos, primero se debe garantizar su distribución para el uso doméstico, seguida del uso público urbano, uso pecuario, agrícola, acuacultura, conservación ecológica, generación de energía eléctrica para el uso público, industria, generación de energía eléctrica para uso privado, lavado de terrenos, y otros más.
Respecto al llamado a la FGJEM, el diputado recordó que el “huachicol” del agua es un delito por el que se impondrán penas de prisión a quien altere, impida o restrinja el flujo del líquido.
En este punto, también de Morena, la diputada Edith Marisol Mercado Torres resaltó que habitantes de Valle de Bravo se manifestaron en la Ciudad de México ante las oficinas de la Comisión Nacional del Agua para demandar mesas de diálogo y detener el saqueo de la Presa Miguel Alemán, ríos y lagos de la región, por lo que se solidarizó con las personas afectadas.
