* Fiscalía general de república (fgr) fue deficiente en la formulación de imputación……
* FGR presentó 110 datos de prueba con el que consideraba que se acreditaba el delito de explotación de un bien público y asociación delictuosa; no fueron válidos……
* Un caso más de “impunidad” de servidores públicos “corruptos”……
Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal del Altiplano exoneró a Ernesto Nemer y tres funcionarios más del gobierno de Alfredo del Mazo, lo que significa que no pudieron vincularlos a proceso por el delito de explotación ilegal del Viaducto Elevado Bicentenario.
Dicho juez determinó que no existe delito alguno, por lo que ordenó sobreseer el caso, lo que impide que la FGR continúe con el mismo.
La autoridad legal determinó que los exfuncionarios mexiquenses y tres exdirectivos y miembros del Consejo de Administración de la empresa Aleática, antes OHL México no se les encontró pruebas en su contra que pudieran servir para sustentar la acusación.
El juez indicó que en octubre del 2021, la propia Secretaría convalidó la explotación de esta vialidad por esta empresa, a través de un acuerdo que firmó con el gobierno del Estado de México.
Es por ello que se logró la exoneración de los delitos de explotación ilegal de un bien público y de asociación delictuosa, tanto de Andrés Oteyza y Sergio Hidalgo, ex directivos de Aleática como el presidente de la empresa, Rubén López Barrera y los ex funcionarios Ernesto Nemer, exsecretario general de gobierno; Luis Gilberto Limón Chávez, ex-secretario de Movilidad; Tomás Angulo Lara, exdirector del Sistema de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos y Joaquín González Bezarez, exdirector de la Junta de Caminos.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará acciones jurídicas en contra del juez Ramírez Peña por emitir su opinión sin conocer los medios de prueba que aportaría el ministerio público.
El juez reconoció que el Viaducto Elevado es un bien de la nación porque está edificado sobre el derecho de vía federal de la carretera México-Querétaro en su tramo de Naucalpan a Tepotzotlán.
Por lo tanto, el gobierno de Alfredo del Mazo y la SICT acordaron regularizar la situación a través de la firma de un convenio de colaboración para con ello, junto con Aleática siga explotando el Viaducto Elevado, que a la fecha le ha dejado ingresos por más de 8 mil millones de pesos.
Con este documento firmado el 1 de octubre del 2021, se hizo oficial la explotación del Viaducto Elevado que está siendo operado por Aleática desde abril del 2009.
El abogado Paulo Diez sostuvo que Aleática ha explotado ilegalmente un bien de la nación, con anuencia del gobierno mexiquense y de la SCIT.
Por su parte, Aleática indicó en sus redes sociales que el título de concesión otorgado por el Estado de México al Viaducto Bicentenario S.A de C.V, fue otorgado como resultado de un procedimiento de licitación competitivo.
Ante la polémica concesión que el Estado de México le otorgó a una empresa para administrar la vía federal, la Fiscalía General de la República anunció que ya se prepara para una lucha legal. En un comunicado destacó que nunca el Gobierno del Estado de México obtuvo concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicación federal, propiedad de la Nación.
La concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula; cometiéndose el delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente.
Este no es un caso administrativo, ni civil; ya que está penado específicamente como delito, independientemente de toda la serie de actos y convenios fraudulentos que se han venido realizando para encubrir dicho delito.
El haber alegado, por parte del Estado de México, que una autorización para el mantenimiento de una vía federal, como se da en todos los estados de la República, lo faculte para otorgar una concesión federal a un particular, es una absoluta falsedad y es contraria a derecho; ya que la única autoridad facultada para otorgar una concesión de una vía general de comunicación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La FGR señaló que en la audiencia que se llevó a cabo ayer, el grado de injusticia con el que actuó el Juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible; ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano; razón por la cual la Representación Social de la Federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite.
La Fiscalía General de la República recalcó que iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación.
