* El Gobierno del Estado de México presume prácticamente concluido su primer paquete de infraestructura de 2026, sin embargo, detrás de las 32 obras reportadas como terminadas persisten preguntas sobre montos finales, empresas contratistas, ampliaciones de plazo, modificaciones presupuestales y entrega física de los trabajos, mientras el Teatro al Aire Libre de Texcoco permanece como el único proyecto pendiente pese a que originalmente debía terminar desde mayo……
Por Karina Rocha
El Gobierno del Estado de México puede presumir que terminó 32 de las 33 obras incluidas en uno de sus principales paquetes de infraestructura, pero cerrar administrativamente casi el 97 por ciento de los proyectos no significa que el expediente de rendición de cuentas también pueda darse por concluido, detrás de la cifra existen contratos, empresas, montos adjudicados, fechas, posibles modificaciones y actas de entrega que todavía necesitan ser colocados de manera sencilla frente a los ciudadanos para poder determinar cuánto costó realmente cada intervención y si todas fueron ejecutadas bajo las condiciones originalmente establecidas.
La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, encabezada por Carlos Maza Lara, informó que las 32 obras terminadas representaron una inversión superior a los 750 millones de pesos y fueron distribuidas en 21 municipios, además, el funcionario había señalado previamente que el paquete original estaba integrado por 33 proyectos con un presupuesto cercano a los 820 millones de pesos, cantidades que pueden responder a diferentes momentos presupuestales o alcances del programa, pero cuya conciliación requiere conocer el costo individual, contratado y finalmente ejercido de cada obra.
El problema no está en que existan dos referencias distintas sobre el tamaño de la inversión, sino en que la información pública disponible se encuentra dispersa entre convocatorias, procedimientos, anuncios y reportes de avance, lo que dificulta reconstruir de manera inmediata cuánto fue autorizado, cuánto se adjudicó, cuánto terminó pagándose y si durante la construcción hubo modificaciones que elevaron o redujeron costos, precisamente la clase de información indispensable cuando se habla de cientos de millones de pesos provenientes del erario.
El propio Maza Lara ha explicado que el objetivo de la administración estatal es realizar por lo menos una obra en cada uno de los 125 municipios y que ya se ha trabajado en más de 85 demarcaciones, el planteamiento puede representar una expansión importante de infraestructura, pero también incrementa la obligación de documentar cada peso ejercido y cada contrato entregado, porque la rendición de cuentas no puede limitarse a contar obras terminadas.
Las 33 obras necesitan apellido, empresa y costo
Una revisión de las convocatorias oficiales permite identificar una parte importante del paquete, aparecen proyectos de “Caminemos Seguras” en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan y Tlalnepantla, además de obras posteriores en Melchor Ocampo, Texcoco, Otumba, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Toluca, Chalco, Tultitlán y Atlacomulco.
Entre los expedientes localizados están la rehabilitación de la calle Everardo González en Santa María Huexoculco, Chalco, la avenida Ejido Colectivo en Chimalhuacán, Primero de Mayo en Cuautitlán Izcalli, avenida Maravillas en Ecatepec y Benito Juárez en Ixtapaluca, todas relacionadas con el programa Caminemos Seguras, cuyas convocatorias establecieron para varios proyectos solamente 83 días naturales de ejecución, del 7 de septiembre al 28 de noviembre de 2025.
También aparecen la rehabilitación de avenida Independencia y avenida Industria Automotriz en Toluca, calle Carmelo y avenida Arturo Montiel en Chalco, prolongación Miguel Allende y avenida Dos en Tultitlán, así como cuatro intervenciones en la zona industrial de Atlacomulco, entre ellas Salvador Sánchez Colín, Silvano Díaz Cid y dos tramos de Octaviano Ruiz, todas registradas dentro de procedimientos de licitación pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
El hecho de que los procedimientos puedan localizarse representa un primer nivel de transparencia, pero para realizar una verdadera auditoría ciudadana hace falta ir mucho más lejos, cada obra debería poder relacionarse fácilmente con la razón social de la empresa ganadora, monto contratado, propuesta económica de los participantes, fecha real de arranque, estimaciones pagadas, convenio modificatorio en caso de existir, fecha de conclusión y acta de entrega-recepción.
Una convocatoria solamente demuestra que una dependencia abrió un procedimiento, no demuestra por sí misma cuánto acabó pagando ni si el proyecto llegó al final exactamente bajo las condiciones con las que comenzó, por eso resulta insuficiente presentar como balance únicamente que 32 de 33 trabajos ya terminaron, el dato cuantitativo es importante, pero no sustituye al expediente financiero y contractual.
Texcoco rompe la fotografía de cumplimiento
El caso más evidente para revisar los tiempos está en Texcoco, la construcción del Teatro al Aire Libre en la Alameda fue licitada bajo la clave OP-25-LE-019, la convocatoria oficial estableció como fecha estimada de inicio el 3 de noviembre de 2025, fijó un plazo de 180 días y colocó como fecha programada de terminación el 1 de mayo de 2026.
Sin embargo, meses después, cuando la propia dependencia informó que había terminado 32 de los 33 proyectos, reconoció que precisamente el Teatro al Aire Libre continuaba pendiente, esto no prueba por sí mismo una irregularidad, porque las obras públicas pueden enfrentar suspensiones justificadas, problemas técnicos, modificaciones de proyecto, condiciones del terreno o convenios de ampliación, pero sí obliga a explicar documentalmente qué ocurrió entre el 1 de mayo y el momento en que todavía se reportaba la construcción como inconclusa.
La pregunta es sencilla, si el contrato tenía un plazo determinado y ese plazo fue rebasado, ¿hubo ampliación formal?, ¿por cuánto tiempo?, ¿por qué motivo?, ¿existieron modificaciones en el costo?, ¿se aplicaron penas convencionales o el retraso estuvo plenamente justificado?, ninguna de estas preguntas puede resolverse únicamente con el porcentaje global de obras terminadas.
El expediente de Texcoco es particularmente importante porque permite evaluar la diferencia entre una obra anunciada y una obra contractual y físicamente terminada, si existió una ampliación perfectamente legal debe conocerse, si hubo suspensión también, y si el proyecto cambió de alcance igualmente debe quedar documentado, ocultar el detalle detrás de una cifra general solamente debilita un resultado que el propio gobierno pretende presentar como positivo.
Más de 750 millones necesitan trazabilidad
Otro punto que merece revisión está en el dinero, una publicación reciente sobre el programa señala que durante 2026 se ejecutaron 32 obras con una inversión superior a 750 millones de pesos en 21 municipios, mientras una entrevista con el titular de la Secretaría había situado originalmente las 33 obras en casi 820 millones de pesos, ambos datos no necesariamente se contradicen, debido a que pueden referirse a universos o etapas distintas, pero sin una relación completa obra por obra resulta imposible determinar con precisión qué explica la diferencia.
La transparencia resulta todavía más necesaria porque las convocatorias contienen cantidades que pueden prestarse a interpretaciones equivocadas, en diversos procedimientos aparece un “capital contable requerido” para participar, pero esa cantidad corresponde a la capacidad financiera exigida a las constructoras y no al precio adjudicado de la obra, por ejemplo, en la convocatoria del Teatro de Texcoco se exigieron 20 millones de pesos de capital contable, además de establecerse que no habría anticipo, pero esos 20 millones no representan el costo de construcción.
La misma precisión debe aplicarse al resto de los procedimientos, porque utilizar las cifras de capital requerido como si fueran costos produciría una radiografía falsa del gasto público, para determinar realmente cuánto costó el paquete se necesitan los fallos, contratos y estados financieros de cada proyecto.
Allí está precisamente la parte de la historia que todavía debe abrirse, quién construyó cada una de las 32 obras terminadas, cuántas empresas concentraron contratos, si alguna ganó varios procedimientos, cuál fue la propuesta económica aceptada, cuántas obras conservaron su monto inicial y cuántas necesitaron convenios adicionales.
Ya preparan otros 721 millones
Mientras todavía falta cerrar documentalmente el primer paquete, la Secretaría ya prepara nuevas inversiones, Carlos Maza Lara informó que un segundo bloque contempla 13 obras con alrededor de 421 millones de pesos y otro conjunto de proyectos ronda los 300 millones, las versiones públicas han variado sobre si este último paquete tendrá siete o un número ligeramente mayor de intervenciones, aunque coinciden en que la inversión adicional superará los 700 millones de pesos.
Eso significa que el mecanismo utilizado para transparentar el primer bloque adquiere una importancia todavía mayor, si durante los próximos meses entrarán en contratación cientos de millones adicionales, el Gobierno del Estado de México tiene oportunidad de publicar desde el inicio una matriz sencilla que permita seguir cada proyecto desde la licitación hasta su entrega.
Nombre de la obra, municipio, número de contrato, empresa, monto original, modificaciones, avance físico, avance financiero y fecha de entrega deberían poder consultarse juntos y no reconstruirse mediante búsquedas separadas entre documentos administrativos.
Incluso las obras en zonas industriales justifican ese nivel de seguimiento, la dependencia ha señalado intervenciones en Toluca, Tultitlán y Chalco que contemplan reconstrucción de bases y subbases, pavimentación, banquetas, alumbrado y mobiliario urbano, trabajos necesarios en corredores sometidos durante años al tránsito pesado, pero precisamente por su importancia económica y por los recursos involucrados deben ser evaluados después de su entrega y no solamente durante la inauguración.
Terminar una obra no termina la rendición de cuentas
El balance de 32 proyectos terminados representa un avance que puede medirse, pero convertir ese dato en prueba suficiente de eficiencia sería apresurado mientras no esté disponible la película completa de cada contrato, la infraestructura pública no termina cuando se retira la maquinaria ni cuando una dependencia coloca el proyecto dentro de la columna de concluidos, termina cuando la obra fue recibida, pagada, comprobada y puede demostrarse que corresponde a lo contratado.
También falta la comprobación física, porque una obra puede aparecer administrativamente terminada y posteriormente presentar deterioro, fallas, trabajos incompletos o necesidades adicionales, por ello sería necesario revisar en campo los proyectos de Caminemos Seguras, las rehabilitaciones industriales, los espacios públicos y las intervenciones urbanas, contrastando el proyecto ejecutivo con lo efectivamente construido.
El gobierno estatal ha convertido 2026 en un año de fuerte impulso a la infraestructura y el propio secretario ha hablado de 103 obras y una inversión superior a mil 220 millones de pesos dentro de una estrategia más amplia, esa dimensión convierte la transparencia contractual en algo más que un requisito administrativo, se trata de saber si los recursos públicos realmente están produciendo infraestructura duradera y proporcional al dinero ejercido.
Presumir 32 de 33 obras terminadas es legítimo si los trabajos realmente fueron concluidos, pero también es legítimo preguntar cuánto costó cada una, quién obtuvo cada contrato, qué proyectos modificaron sus calendarios, cuáles cambiaron de presupuesto y qué ocurrió con Texcoco, porque si el gobierno quiere que la cifra de 32 obras sea un indicador de resultados, debe permitir que también sea un indicador verificable.
La verdadera prueba no estará únicamente en anunciar que prácticamente todo el paquete fue concluido, estará en abrir los expedientes suficientes para demostrar que esas obras se hicieron en tiempo, con calidad, bajo costos justificables y conforme a lo contratado, sólo entonces los más de 750 millones de pesos podrán evaluarse no como una cifra política de inversión, sino como recursos públicos plenamente rastreables desde la licitación hasta el último peso pagado.