* El FAISPIAM distribuirá este año más de 881 millones de pesos entre 601 comunidades de 50 municipios mexiquenses, pero representantes indígenas advierten riesgos en la contratación de obras y exigen vigilancia sobre empresas, proveedores y destino final de los recursos……
Por Mireya Álvarez
Una bolsa de 881 millones 391 mil 745 pesos destinada a 601 comunidades y localidades indígenas de 50 municipios del Estado de México comenzó a colocarse bajo la lupa de los propios pueblos originarios, luego de que representantes comunitarios llamaron a vigilar cuidadosamente el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, FAISPIAM, ante el riesgo de irregularidades en la contratación de obras, selección de proveedores y ejecución de proyectos.
La dimensión del dinero obliga a mirar más allá del discurso oficial, durante 2026 los recursos alcanzarán a comunidades otomíes, mazahuas, nahuas, matlatzincas y tlahuicas, mientras el padrón estatal creció de 589 comunidades atendidas en 2025 a 601 este año, además el presupuesto aumentó alrededor de 35.5 millones de pesos respecto del ejercicio anterior.
El modelo tiene como principio que el dinero sea ejercido directamente por las comunidades mediante decisiones tomadas en asamblea, precisamente para reducir intermediarios y permitir que los pueblos definan si necesitan caminos, agua potable, drenaje, electrificación, vivienda o infraestructura básica, sin embargo, esa autonomía también convierte la vigilancia en una obligación indispensable, porque alrededor de una bolsa de esta magnitud pueden aparecer constructoras, proveedores, asesores y actores políticos interesados en influir sobre las decisiones.
Las reglas federales establecen que las comunidades deben realizar asambleas para definir los proyectos y que la entrega de los recursos corresponde a la Federación a través de la Secretaría de Bienestar, además permiten contratar profesionistas para elaboración y evaluación de proyectos con cargo de hasta 3 por ciento de los recursos asignados, lo que abre otro rubro que también deberá transparentarse.
881 millones exigen cuentas claras
La verdadera prueba del FAISPIAM comenzará cuando se revise comunidad por comunidad, obra por obra y contrato por contrato, porque no basta conocer cuánto dinero fue asignado, será necesario saber qué proyectos aprobaron las asambleas, qué empresas resultaron contratadas, quiénes son sus propietarios, cuánto cobraron, qué modalidad se utilizó, cuál es el avance físico de cada obra y cuánto dinero se ha pagado.
También tendrá que vigilarse si existen empresas que se repitan en varios municipios o comunidades, si los montos contratados coinciden con el valor real de las obras y si existen proveedores vinculados con funcionarios, autoridades municipales o intermediarios regionales, porque ahí puede estar la diferencia entre un fondo que fortalezca la autonomía indígena y otro esquema que termine reproduciendo viejas prácticas de obra pública.
A nivel nacional, el FAISPIAM dispone durante 2026 de 13 mil 506 millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que la fiscalización de estos recursos adquiere una dimensión todavía mayor.
En el Estado de México, los 881 millones de pesos representan una oportunidad inédita para reducir rezagos históricos, pero también una responsabilidad enorme, la transparencia no podrá limitarse a informar cuánto recibió cada comunidad, deberá llegar hasta el nombre de cada contratista, factura, avance y obra terminada, porque sólo así podrá comprobarse que el dinero llegó realmente a los pueblos y no terminó diluido entre intermediarios.