Causa verdadera sorpresa y asombro que Ignacio Ovalle Fernández, que dirigió a la empresa Segalmex cuando fueron denunciadas las millonarias irregularidades, seguidos de fraudes y desfalcos a las que se les ha dado seguimiento puntual, no ha sido alcanzado en las investigaciones de los desvíos multimillonarios en esa entidad que son clasificados como casos de delincuencia organizada.
Se ha informado que Ovalle Fernández, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ¡no tiene abierta ninguna investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada! (FEMDO), ni tampoco en materia administrativa en la Secretaría de la Función Pública (SFP), pese al desvío de 17 mil millones de pesos en el organismo que dirigió durante tres años.
Se explica en las denuncias que en materia penal, el exfuncionario de Segalmex con el mayor cargo que ha sido vinculado a proceso es René Gavira Segrestre, exdirector de Administración y Finanzas, y quien le reportaba directamente a Ovalle.
Pero a pesar de que los multimillonarios desvíos en el organismo creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador son investigados como delincuencia organizada, no ha alcanzado a Ovalle, quien dirigió el organismo cuando ocurrieron las irregularidades y quien actualmente es director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Vale destacar que Ovalle ni siquiera es investigado en materia administrativa, como confirmó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La dependencia a cargo de Alberto Salcedo respondió que “no se localizaron registros de sanciones graves, y no graves firmes en contra de la persona de su interés”, luego de hacer una búsqueda en la Coordinación de Denuncias y Atención Ciudadana; la dirección de Investigación de Faltas Administrativas; Unidad Substanciadora y Resolutora y el Órgano Interno de control en Segalmex.
Vale destacar también que Andrés Manuel López Obrador se ha referido al caso exculpando a Ovalle, al asegurar que mientras dirigía el organismo “se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”.
Mientras que René Gavira, subalterno directo de Ovalle, enfrenta cuatro procesos penales por el desfalco multimillonario en Segalmex.
Una causa penal está relacionada con el presunto lavado de dinero por la disposición de recursos públicos de manera ilícita para la compra de certificados bursátiles por 700 millones de pesos. Sin embargo, Gavira aseguró que el entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle, le ordenó hacer dichas inversiones.
Se trata del único caso en el que existe confirmación del involucramiento de Ovalle, con el oficio firmado por él con fecha de 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a René Gavira, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que realizara las inversiones bursátiles, supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría con su objetivo de garantizar que la población más pobre tuviera acceso a la alimentación.
“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como director general del ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual de 11 %.
Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, se explica en el documento.
Mientras que en una declaración ministerial, Ignacio Ovalle admitió que pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para firmar.
Vale recordar también que en mayo pasado, Gavira fue vinculado a proceso por uno de ellos por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por la cantidad de 142 millones de pesos, y por el delito de peculado.
De acuerdo con la FGR, los hechos ocurrieron luego de que Gavira Segreste, como apoderado legal de Diconsa, presuntamente autorizó liberar recursos para realizar un convenio con una empresa “Servicios Integrales Carregin”, a la que supuestamente realizaron el pago en su totalidad sin tener constancia de haber recibido el producto.
