Apegado a los tiempos previamente acordados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) arrancó formalmente la dictaminación de la elección presidencial, por lo que se adelanta que el 24 de julio se tenga el proyecto de sentencia.
Los magistrados, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, encargados de elaborar la sentencia, consideraron que la resolución de la Sala Superior podría darse antes del 15 de agosto, y no hasta el 6 de septiembre.
Sobre ello, también advirtieron que mientras esto no suceda, Claudia Sheinbaum Pardo no puede ser considerada como presidenta electa.
En las instalaciones del Tribunal Electoral se dio la primera y única audiencia de desahogo de pruebas, a la que no asistió la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ni los representantes del PAN, PRI y PRD, pues, afirmaron, ya las habían presentado en sus recursos.
La senadora argumentó que no acudió porque no le avisaron con tiempo, pues estaba en Jalisco.
“El Tribunal viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. El Tribunal había determinado habilitar un micrositio para subir toda la información relacionada a las impugnaciones y una vez habilitado, 20 días después, se realizaría el desahogo de pruebas. Sin embargo, fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo.
“Que quede claro: no convalidaré ilegalidades de un órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad”, reclamó e informó que había pedido una nueva audiencia.
Durante la sesión, 20 secretarios de estudio y cuenta organizaron y certificaron las pruebas, incluidas las ligas de internet, a fin de corroborar su existencia y su contenido.
Después vendrá la etapa de “alegatos de oídas”, en las que Gálvez y los partidos podrán pedir audiencia para que expongan sus recursos de impugnación y destaquen o enfaticen sus argumentos.
El acuerdo con el que opera la Comisión encargada del proyecto, establece que las audiencias serán públicas, y se efectuarán sólo si los interesados lo solicitan por escrito.
Fuentes Barrera, por su parte, informó que cuentan con 20 mesas para el análisis de las pruebas y darle celeridad.
“(El 24 de julio) es la fecha que tenemos con independencia de que pudieran presentarse algunas vicisitudes que alteraran la misma, pero hasta el momento ese es el calendario que ha programado la propia Comisión”, indicó.
De la Mata Pizaña aclaró que ese día se podría entregar el proyecto a sus pares para su análisis, incluso transparentarlo en el micrositio.
“Una vez que el proyecto esté en internet y circulado con los compañeros, a ojo de buen cubero, por lo menos una semana o dos tendremos para que se vote, pero eso se definirá por la Sala y no por la Comisión, pero nosotros queremos tener el proyecto relativamente rápido”, explicó.
Hay que recordar que apenas el pasado 19 de junio los magistrados anunciaron la creación de un micrositio en el que se transparentaría las impugnaciones, agenda de la Comisión encargada de la sentencia, audiencias y demás información sobre la calificación de la elección.
Sin embargo, el sitio apenas se dio a conocer el sábado, incumpliendo con su propio acuerdo de máxima publicidad, incluso, el acuerdo de operación de la Comisión ni siquiera se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En el documento se establecen fechas a partir de puesta en marcha de este micrositio, las cuales tampoco se cumplieron.
“La audiencia deberá tener verificativo dentro de los veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo”, indica el acuerdo sobre el desahogo de pruebas.
Hay que explicar que su publicación también impacta en la presentación de escritos y audiencias que pidan ciudadanos, expertos e instituciones que quieran opinar sobre la elección, pues se les dio 15 días después de la publicación en el DOF, lo que no ha sucedido, pero el análisis ya comenzó.
De la Mata Pizaña informó que hasta el momento han recibido sólo un escrito amicus curiae, del profesor de derechos, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, quien en su queja de 23 páginas afirma que la elección del 2 de junio fue un fraude electoral.
“Hubo un fraude electoral cometido conjuntamente por los poderes ejecutivos federal y locales de nuestro país; sus respectivas mayorías legislativas; el partido político hegemónico gobernante, Morena; las autoridades del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales.
“Fraude electoral que seguramente en los próximos días será declarado constitucional y legalmente válido por las autoridades electorales correspondientes en sus respectivos ámbitos de competencia”, consideró.
Exige a los magistrados no dejar pasar el “permanente” uso ilegal, abusivo y extraordinario de recursos y personal público de los gobiernos federal y locales emanados de Morena para apoyar no sólo a Claudia Sheinbaum Pardo, también a otros candidatos.