La caída de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) marca uno de los capítulos más oscuros en la historia del arbitraje democrático en México. Lo que comenzó como señalamientos periodísticos escaló rápidamente hasta convertirse en una investigación formal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revelando un sofisticado entramado de simulación de competencia, empresas fachada y desvío de recursos públicos que benefició directamente a un grupo selecto de contratistas.
Este esquema de corrupción, que operaba mediante la adjudicación directa de contratos millonarios y el nombramiento de operadores clave en áreas administrativas, ha fracturado la credibilidad del órgano electoral. La gravedad de las pruebas presentadas, que incluyen grabaciones de reparto de ganancias y la detección de prestanombres en la nómina, obligó no solo a la renuncia de Taddei, sino al bloqueo inmediato de sus cuentas bancarias y a la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó de manera preventiva las cuentas bancarias de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, junto con las de 24 personas físicas y 15 empresas vinculadas a la proveeduría electoral. La medida administrativa se tomó tras detectar operaciones financieras de alto riesgo y posibles esquemas de lavado de dinero, lo que derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas encabezaron una red de empresas, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg, que simularon competencia en licitaciones públicas para acaparar contratos millonarios. Esta estructura empresarial compartió representantes legales y apoderados para simular procesos competitivos en al menos 25 órganos electorales del país, obteniendo ganancias ilícitas estimadas en más de 850 millones de pesos.
Registrado oficialmente como chofer de Guadalupe Taddei en el INE, Navarrete Torres fungía simultáneamente como apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las empresas más favorecidas con contratos del instituto. Investigaciones internas revelaron que se trataba de un “chofer fantasma”, ya que el personal de seguridad y los funcionarios del organismo electoral declararon no conocerlo ni haberlo visto trabajar en las instalaciones.
Esta empresa recibió contratos por 184 millones de pesos del INE a pesar de contar con una plantilla registrada de apenas cinco empleados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la compañía trianguló de manera inmediata 167 millones de pesos hacia otras cuatro empresas sospechosas de operar como factureras, evidenciando un esquema de desvío de recursos públicos.
Guadalupe Taddei impuso a García González como director de Administración del INE, el área clave para el manejo de los recursos y las contrataciones del instituto. El nombramiento representó un flagrante conflicto de interés, dado que este funcionario se había desempeñado previamente como representante legal de Corporativo Zeg y Cajas Graf, las principales beneficiarias de los contratos de papelería electoral.
Un video filtrado exhibió a Guadalupe Taddei negociando de manera directa con el contratista José Alfredo Hernández Casillas el reparto de ganancias de un contrato de 71 millones de dólares para la producción de la credencial de elector. En la grabación, el empresario detalla la distribución de porcentajes (70% y 30%) y menciona montos específicos que les corresponderían a ambos por la fabricación del documento y la tecnología de autenticación.
El esquema de corrupción y favoritismo de Taddei con la red de los hermanos Hernández Casillas se originó durante su gestión como presidenta del órgano electoral de Sonora (2014-2021). En ese periodo, Taddei firmó contratos millonarios, como uno por 46.8 millones de pesos a favor de Cajas Graf, mediante licitaciones amañadas donde la empresa compitió únicamente contra firmas de su mismo grupo corporativo.
Conocida como “Lulú”, esta asesora operaba de facto la comunicación social y la imagen institucional del INE sin figurar en la nómina oficial del instituto. Desde la oficina de la presidencia, Piña Soria gestionó de manera directa contratos millonarios para empresas de sus amigos y familiares, además de colocar a funcionarios afines en puestos clave sin rendir cuentas al Consejo General.
Taddei promovió y nombró en puestos directivos del INE a funcionarias locales que previamente habían favorecido a sus contratistas aliados. Claudia Arlett Espino (exsecretaria ejecutiva) e Iliana Araceli Hernández (exunidad de Género) otorgaron contratos millonarios a Cajas Graf y Corporativo Zeg en Chihuahua y Oaxaca, respectivamente, antes de ser incorporadas al equipo cercano de Taddei en el órgano federal.
