* Señalamientos sobre una presunta estrategia político-sindical dentro del SEIEM abren dudas sobre el manejo administrativo, electoral y laboral de una estructura que involucra a más de 100 mil trabajadores……
Por Mary González
La educación pública debería ser uno de los espacios más protegidos frente a cualquier intento de utilización partidista, sindical o electoral, sin embargo, los señalamientos alrededor de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su presunta influencia dentro de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México obligan a preguntar hasta dónde terminan las legítimas tareas sindicales y dónde podría comenzar una estructura destinada a aprovechar políticamente una gigantesca maquinaria educativa.
El asunto adquiere mayor relevancia por la existencia de un documento identificado como “Programa Estratégico de Operación Corredor Azul”, cuyo contenido atribuye desde 2023 una estrategia territorial encaminada a fortalecer la presencia del Gobierno del Estado de México, el SEIEM y la organización sindical en 16 municipios mexiquenses.
No se trata de localidades menores, aparecen Atenco, Atizapán, Coacal co, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucal pan, Nezahualcóyotl, La Paz, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, municipios que concentran millones de habitantes y representan un enorme peso electoral.
Escuelas y rentabilidad electoral
Lo verdaderamente delicado aparece cuando el documento habla de identificar comunidades con mayor “rentabilidad electoral”, concentrar programas, obras y acciones institucionales, además de elaborar padrones de docentes y padres de familia beneficiarios para medir su participación y posible respaldo político.
Si ese contenido corresponde efectivamente a una operación aplicada en territorio, estaríamos frente a algo que merece una explicación inmediata, porque los programas públicos no pertenecen a ningún partido, los maestros no constituyen un ejército electoral y las escuelas tampoco deberían funcionar como centros de organización política.
Mucho menos resulta aceptable que estructuras educativas como jefaturas de sector, supervisiones o direcciones escolares pudieran utilizarse para promover intereses ajenos a su responsabilidad académica, cualquier intento de convertir la estructura educativa en instrumento electoral representaría una distorsión gravísima de su función.
Por ello no basta con negar las acusaciones, corresponde determinar quién elaboró el documento, quién lo recibió, si fue ejecutado, qué autoridades tuvieron conocimiento y si recursos públicos participaron directa o indirectamente en las acciones descritas.
Del sindicato al Congreso
La operación sindical durante ese periodo estuvo encabezada por Rigoberto Vargas Cervantes, dirigente de la Sección 36 entre 2016 y 2024, posteriormente diputado local por Morena, después de haber llegado previamente al Congreso bajo las siglas de Nueva Alianza.
El tránsito del liderazgo sindical hacia cargos partidistas no constituye por sí mismo ninguna irregularidad, pero adquiere inevitable relevancia cuando simultáneamente aparecen documentos que describen estrategias de organización territorial con objetivos políticos.
A ello se agregan conflictos internos registrados durante su dirigencia, entre ellos señalamientos realizados en 2022 por grupos de maestras sobre presuntos actos de acoso y violencia laboral e institucional, acusaciones que deben analizarse con responsabilidad y sin convertir señalamientos en sentencias anticipadas.
En diciembre de 2024, Vargas dejó la dirigencia y fue sustituido por Mónica Granillo Velazco, quien también ha desarrollado actividad política y actualmente es diputada federal con licencia, nuevamente aparece una frontera demasiado estrecha entre representación sindical y carrera partidista.
Miles de millones bajo la lupa
El problema adquiere otra dimensión cuando se observa el tamaño del SEIEM, organismo responsable de atender a más de 100 mil trabajadores y participante en la ejecución de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, donde se manejan decenas de miles de millones de pesos.
Con semejante estructura administrativa, laboral y presupuestal, cualquier sospecha de intervención sindical indebida debería encender todas las alarmas de fiscalización y control institucional.
No significa afirmar que el sindicato controle ilegalmente la nómina ni que los recursos hayan sido desviados, eso tendría que demostrarse documentalmente, significa reconocer que existen cuestionamientos suficientemente delicados para exigir una revisión profunda, independiente y transparente.
Investigar, no encubrir
El Gobierno del Estado de México, el SEIEM y la propia Sección 36 deberían explicar públicamente qué conocen sobre el denominado “Corredor Azul”, limitarse al silencio únicamente alimentaría sospechas. También deberían intervenir las instancias fiscalizadoras y de control correspondientes para determinar si existieron padrones paralelos, instrucciones políticas dentro de planteles, utilización electoral de programas públicos o participación irregular de servidores educativos.
Porque cuando escuelas, sindicatos, presupuesto y política aparecen mezclados en un mismo documento, la transparencia deja de ser una cortesía y se convierte en obligación,
Los maestros merecen sindicatos que defiendan sus derechos, los estudiantes instituciones dedicadas a educarlos y los ciudadanos gobiernos que administren recursos sin utilizarlos como maquinaria electoral,
Si el documento no tuvo aplicación, que se demuestre, si existió solamente como propuesta, que se explique quién lo diseñó y para qué, pero si alguna parte fue ejecutada utilizando estructura pública, entonces las responsabilidades deberán llegar hasta donde corresponda, sin importar nombres, sindicatos, partidos ni cargos políticos.
