* El caso ha reavivado el debate sobre las políticas públicas para el control de la fauna urbana, la ética en el manejo de animales y la urgencia de alternativas sostenibles frente a la sobrepoblación canina en el país……
Por Mireya Álvarez
La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra en el centro de la discusión pública tras la difusión de un video en el que sostiene un intercambio con funcionarios de la Propaem y reconoce que durante su administración como alcaldesa de Tecámac se llevó a cabo el sacrificio de miles de perros en el Centro de Bienestar Animal municipal.
En declaraciones posteriores desde el Senado, la legisladora confirmó que, a lo largo de sus dos periodos de gobierno, que abarcaron seis años, se aplicó eutanasia veterinaria a un total de 10 mil 962 caninos, y para respaldar sus dichos, presentó un desglose anual, ene l que se detallan 483 casos en 2019; 526 en 2020; mil 784 en 2021; 2 mil 514 en 2022; 2 mil 778 en 2023 y 2 mil 877 en 2024.
La morenista defendió su actuación argumentando que las decisiones se tomaron conforme a la normativa vigente y en contextos donde los animales representaban un riesgo sanitario o de seguridad, y señaló que varios de los perros habían protagonizado ataques, mientras que otros se encontraban en condiciones de salud irreversibles. “Son decisiones difíciles, pero responden a una problemática real que durante años se ha evitado abordar”, sostuvo.
Gutiérrez Escalante también hizo énfasis en la magnitud del problema de sobrepoblación canina en el país, al referirse a abandono, reproducción sin control y la presencia de animales enfermos o agresivos, e incluso aseguró contar con evidencia gráfica proporcionada por ciudadanos que solicitaban la intervención de autoridades ante casos de riesgo.
Respecto al video que detonó la polémica, la senadora consideró que ha sido interpretado de forma superficial. “No hubo crueldad ni indiferencia, sino decisiones dentro del marco legal buscando reducir daños mayores”, afirmó.
En medio del debate, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la postura de la legisladora al señalar que las acciones realizadas no contravinieron la ley vigente en su momento, no obstante, reconoció la necesidad de revisar y fortalecer el marco jurídico en materia de protección animal, cuyo desarrollo, indicó, se encuentra en análisis por instancias federales como la Consejería Jurídica y la Secretaría de Medio Ambiente.
“Si la norma permite prácticas cuestionables, entonces debe modificarse”, expresó la mandataria, al tiempo que reiteró la importancia de garantizar condiciones dignas para los animales.
Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la apertura de una investigación de oficio tras la circulación del material en redes sociales, donde la indagatoria busca determinar posibles responsabilidades por delitos de maltrato animal, contemplados en el Código Penal estatal, que podrían derivar en sanciones de hasta seis años de prisión, especialmente si se acredita la participación de servidores públicos.
En el ámbito legislativo, el diputado local de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Francisco Vázquez Rodríguez, adoptó una postura cautelosa, al señalar que, si bien el tema ha generado reacciones, no cuenta con elementos suficientes para confirmar o desmentir los hechos. “Cada quien debe asumir y defender sus decisiones”, comentó, al tiempo que expresó respeto hacia su compañera de partido.
El caso ha reavivado el debate sobre las políticas públicas para el control de la fauna urbana, la ética en el manejo de animales y la urgencia de alternativas sostenibles frente a la sobrepoblación canina en el país.
