* La diputada del PVEM, Vanessa Linares, afirmó que ya existen personas identificadas por su presunta participación en delitos ambientales y llamó a fortalecer las labores de inteligencia para desarticular las redes dedicadas a la explotación ilegal de los bosques……
Por Mireya Álvarez
La tala clandestina en el Estado de México ha dejado de ser únicamente un problema ambiental y representa, de acuerdo con la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vanessa Linares Zetina, una actividad que presuntamente estaría vinculada con estructuras de delincuencia organizada.
La legisladora señaló que el combate a los llamados “talamontes” debe realizarse mediante una estrategia integral que permita identificar no sólo a quienes realizan directamente el derribo de árboles, sino también a quienes financian, coordinan y se benefician de la extracción ilegal de madera.
Linares Zetina aseguró que ha sostenido reuniones con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en las que se ha abordado la problemática y, según afirmó, ya existen nombres de personas presuntamente relacionadas con delitos ambientales.
En este contexto, consideró necesario reforzar las labores de inteligencia, pues existe la sospecha de que algunos grupos dedicados a la tala ilegal reciben información anticipada sobre los operativos de las autoridades, lo que les permitiría evadirlos.
“Hay que desmantelar muchas cosas desde la inteligencia para poder desmantelar a todos esos delincuentes medioambientales”, sostuvo.
Entre las zonas donde se ha hecho visible esta problemática mencionó al Nevado de Toluca, donde se han difundido imágenes de vehículos que presuntamente transportan madera extraída de manera ilegal, sin embargo, advirtió que el problema no se limita a esta región.
De acuerdo con la diputada, existen alrededor de 25 municipios mexiquenses con afectaciones importantes por deforestación, además de señalar particularmente al corredor biológico Chichinautzin como otra de las áreas que requieren atención.
Ante la magnitud del daño, consideró que ya no se puede esperar más para obtener resultados y planteó la necesidad de concretar detenciones que permitan avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones involucradas.
La congresista también llamó a diferenciar entre quienes realizan directamente la tala y quienes obtienen las mayores ganancias de esta actividad ilícita.
Ante ello, explicó que muchas de las personas que participan como operadores viven en comunidades rurales y enfrentan condiciones económicas precarias; en municipios como Ocuilan, señaló, habitantes de la zona pueden terminar involucrados en estas actividades sin convertirse necesariamente en los principales beneficiarios económicos.
Según Linares Zetina, estos trabajadores serían utilizados como “peones” por empresarios madereros o grupos de la delincuencia organizada, mientras las ganancias más importantes permanecerían en los niveles superiores de la cadena.
Ante este escenario, consideró necesario combinar las acciones de seguridad con programas sociales que permitan generar alternativas económicas para las comunidades forestales.
Advirtió además que quienes realizan directamente la tala suelen quedar expuestos a las consecuencias legales cuando son detenidos, mientras que los presuntos empresarios o grupos que se encuentran detrás de la operación no necesariamente acuden en su auxilio.
La legisladora también destacó la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especializada para la Defensa de los Bosques, al considerar que una institución con mayores capacidades permitiría enfrentar de manera más eficaz el problema.
Finalmente, sostuvo que la protección de los bosques requiere atacar toda la cadena del delito, desde quienes derriban los árboles y transportan la madera hasta quienes financian y comercializan los productos obtenidos ilegalmente; por ello, confió en que las investigaciones actualmente en curso permitan concretar detenciones y desarticular las redes dedicadas a la tala clandestina.
