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Advierten riesgo de pérdida de autonomía en universidades

Entre 2023 y 2026, seis universidades autónomas de cinco estados del país reformaron sus leyes para modificar el mecanismo electoral de sus rectores, mientras que, en la UNAM, el investigador Imanol Ordorika abrió de nuevo el debate al exigir democratizar la designación de sus autoridades, pese a las advertencias de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y del rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, sobre intentos de injerencia política en las universidades públicas.

Las reformas se aprobaron en las universidades de Sonora y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en 2023; las autónomas de Sinaloa y Occidente en 2024; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2025, y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2026.

Los cambios van desde elecciones directas hasta consultas entre estudiantes, profesores y trabajadores. De las seis universidades, dos enfrentaron conflictos por presunta intervención política: la Autónoma de Sinaloa y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En la primera, las modificaciones fueron impulsadas por legisladores de Morena durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, pese a la oposición de las autoridades universitarias, mientras que en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla promovió la reforma de 2025 y, un año después, el Congreso estatal aplazó hasta 2031 la elección del rector con participación de la comunidad.

En las otras cuatro instituciones, las reformas contaron con el respaldo de sus autoridades universitarias. En Sonora, la iniciativa fue presentada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño después de consultas a la comunidad; en la BUAP y la Autónoma de Occidente, las propuestas fueron impulsadas desde las propias universidades, mientras que en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa previamente aprobada por el Consejo Universitario.

La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González, asegura que su institución enfrenta lo que calificó como el mayor asalto a la autonomía universitaria, luego de que el Congreso estatal modificó los artículos cuarto y quinto transitorios de su Ley Orgánica sin consultar a la comunidad.

“Lo que sucede (…) es el mayor asalto a la autonomía en la historia de las universidades de nuestro país”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL. Comenta que el conflicto coincide con la proximidad de las elecciones para renovar la gubernatura de Michoacán y la Rectoría de la universidad, por lo que acusó a los poderes políticos estatales de intentar intervenir en las decisiones de la institución.

Explica que la modificación aprobada el 3 de noviembre revivió la Comisión de Rectoría, órgano eliminado en 2025, para encomendarle la designación de quien dirigirá la Universidad Michoacana de 2027 a 2031, en lugar de permitir la participación directa de la comunidad universitaria.

Dice que el Congreso local modificó la legislación sin consultar al Consejo Universitario, pese a que la Constitución y la Ley General de Educación Superior establecen garantías para el autogobierno de las instituciones autónomas.

También denuncia que los recursos judiciales presentados por la universidad no han prosperado y acusa a las autoridades judiciales federales en Michoacán de impedir la defensa de la autonomía.

La rectora recuerda que la Universidad Michoacana obtuvo su autonomía en 1917 y evoca la intervención del Ejército en 1966, cuando las fuerzas militares ingresaron a la institución a petición del Congreso estatal. Sostiene que ese episodio permanece en la memoria de la comunidad nicolaita como una advertencia de las consecuencias que puede tener la intromisión de los poderes públicos en la vida universitaria.

Alerta que permitir a los congresos estatales modificar los mecanismos de designación de rectores sin consultar a las comunidades sentaría un precedente para otras universidades autónomas.

Y menciona que la institución educativa que dirige continuará defendiendo su derecho a decidir sobre su gobierno, sus programas académicos y el rumbo de sus actividades de investigación y formación. Aclara que el conflicto es con los poderes estatales y no con el gobierno federal, del cual asegura haber recibido respaldo, al igual que de la ANUIES y de rectores de otras universidades públicas.

En la UNAM, cuya Ley Orgánica data de 1945, una Junta de Gobierno de 15 integrantes designa al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos, procedimiento que el investigador Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas, considera necesario transformar.

El también exaspirante a la Rectoría sostuvo que la Universidad debe democratizar la designación de sus autoridades antes de cumplir 100 años de autonomía, en 2029, mediante mecanismos que permitan la participación directa de estudiantes, profesores e investigadores. “Es imprescindible que a casi 100 años de que se otorgó la autonomía a la UNAM, que se van a cumplir ahora en 2029, la Universidad haga un cambio profundo de su estructura de gobierno”, dice.

Explica que la Ley Orgánica permanece sin modificaciones desde 1945, cuando la institución tenía menos de 30 mil integrantes, frente a una comunidad que hoy supera las 400 mil personas. Propone establecer votaciones ponderadas por sector para impedir que un solo grupo imponga a las autoridades y fortalecer los órganos colegiados, como el Consejo Universitario y los consejos técnicos de escuelas, facultades e institutos.

Sin embargo, advierte que cualquier transformación debe surgir de la propia comunidad universitaria y no de decisiones impuestas por los gobiernos o los congresos.

“El tema que es importante resaltar es que esos cambios tienen que venir de adentro. No me parece que un cambio impuesto desde fuera sea el mecanismo correcto para avanzar”, expresa.

Considera que mantener sin cambios los mecanismos de gobierno también representa un riesgo para la autonomía, porque la resistencia de las autoridades universitarias puede abrir espacios a intervenciones externas.

“Lo más riesgoso para la UNAM ha sido ya desde hace un tiempo haberse mantenido sin cambios relevantes, importantes, verdaderos, porque está haciendo que la universidad quede atrasada respecto a los tiempos que estamos viviendo”, sostiene.

Ordorika rechaza que la elección directa de autoridades implique necesariamente una mayor intervención de los gobiernos. Recuerda que durante décadas la UNAM mantuvo vínculos estrechos con el partido gobernante y señala que las presiones políticas también se presentan en universidades donde las juntas de gobierno son las encargadas de designar a los rectores.

El secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González, denunció hace unos días que al menos cinco gobernadores han intentado influir en la designación de rectores mediante cambios a las leyes orgánicas y los reglamentos universitarios, con el propósito de favorecer a determinados aspirantes o impedir que otros lleguen al cargo. No reveló los nombres de los mandatarios ni de las instituciones involucradas.

Leonardo Lomelí también advirtió sobre la intervención de congresos locales en las decisiones internas de las universidades y mencionó el caso de la Universidad Michoacana. “Hay avances que son muy importantes en la defensa de la autonomía, pero hay amenazas que son muy preocupantes, en particular la que se está viviendo en este momento en la Universidad Michoacana”, señaló.

Ávila González, en tanto, acusa al Congreso estatal de violar la autonomía universitaria y resalta que “la Universidad Michoacana se está enfrentando (…) a un monopolio de poder en el Poder Judicial de la Federación en Michoacán”.

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