* Ordenan recorte millonario y control interno……
Por Mireya Álvarez
El Poder Judicial del Estado de México puso en marcha un plan de contención del gasto que pretende ahorrar más de 48 millones de pesos durante el actual año fiscal. La estrategia, avalada por el Órgano de Administración Judicial, establece lineamientos obligatorios para todo el personal, según se dio a conocer en la Gaceta de Gobierno.
El programa de austeridad impacta diversas áreas operativas como lo es en materia tecnológica, donde se realizará un diagnóstico de los servidores existentes para optimizar su uso antes de autorizar nuevas adquisiciones, asimismo, se reorganizarán los servicios de telecomunicaciones mediante la concentración de contratos de internet móvil, con el objetivo de disminuir costos.
En el rubro administrativo, se contempla una política más estricta en la contratación de personal bajo el esquema de honorarios, también se reforzará el control del parque vehicular mediante registros detallados del consumo de combustible, con la intención de evitar gastos innecesarios.
El uso de recursos materiales también será objeto de vigilancia, dado que las oficinas deberán reducir al mínimo las impresiones, priorizar la reutilización de insumos y evitar el almacenamiento excesivo de papelería, y paralelamente, se impulsarán acciones para disminuir el consumo energético, como la instalación de paneles solares en ciertos inmuebles y la implementación de sistemas automatizados de iluminación.
La supervisión de estas disposiciones recaerá en la Contraloría Interna, que deberá emitir informes trimestrales sobre su cumplimiento dirigidos al propio órgano administrativo, y a su vez, el área de Comunicación Social tendrá la tarea de difundir las nuevas políticas entre las áreas administrativas y jurisdiccionales para garantizar su correcta aplicación.
Cabe destacar que el acuerdo fue suscrito por Fernando Díaz Juárez, presidente del órgano, junto con otros integrantes, consolidando así una política institucional orientada a la eficiencia y racionalización del gasto público.
