* Pretendía obtener pago de 40 mdp, mismo que saldría de las arcas municipales……
Por Martha Romero
Lo que durante semanas fue presentado como un preocupante caso de privación ilegal de la libertad de una alcaldesa mexiquense, hoy amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y de presunta corrupción municipal registrados en el Estado de México durante los últimos años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó y obtuvo audiencia de formulación de imputación contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su probable participación en la simulación de un secuestro que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, habría sido cuidadosamente planeado para justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas públicas del ayuntamiento.
La gravedad del caso rebasa por mucho la simulación de un delito, porque de confirmarse las acusaciones, estaríamos frente a un esquema donde una autoridad electa habría utilizado el miedo, la movilización de corporaciones de seguridad, recursos públicos y la sensibilidad social que genera el delito de secuestro para construir una narrativa destinada a ocultar posibles irregularidades financieras.
Durante años, miles de familias mexiquenses han padecido secuestros reales, desapariciones y hechos de violencia que han dejado víctimas, dolor y tragedias irreparables, por ello resulta particularmente indignante que una figura pública sea señalada de utilizar ese fenómeno como instrumento político y administrativo para proteger intereses personales o familiares.
Una trama que exhibe el deterioro institucional
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que desde febrero pasado comenzó la planeación del supuesto secuestro, en la que habrían participado familiares cercanos de la alcaldesa, entre ellos su esposo y su cuñado, quienes presuntamente diseñaron una estrategia para exigir el pago de 40 millones de pesos provenientes de recursos municipales.
De acuerdo con las indagatorias, el operativo fue ejecutado el 31 de mayo por varias personas que ya fueron detenidas, quienes habrían participado en la representación de una privación ilegal de la libertad que terminó provocando una amplia movilización policiaca y una intensa preocupación social en la región.
Lo más delicado del expediente no es únicamente la participación de particulares, sino el señalamiento de que la propia presidenta municipal habría colaborado activamente en la ejecución del plan, incluso indicando rutas para evitar sistemas de videovigilancia y manteniendo comunicación con familiares durante el desarrollo de los hechos.
La versión ministerial describe una serie de acciones que, lejos de corresponder al comportamiento de una víctima de secuestro, reflejarían la actuación de una persona involucrada en la organización de los acontecimientos.
El costo para la confianza pública
Más allá de las responsabilidades penales que deberán determinar los tribunales, el daño político para el gobierno municipal ya parece irreversible, porque el caso golpea directamente la credibilidad de las instituciones y profundiza el desencanto ciudadano hacia la clase gobernante.
Mientras miles de habitantes enfrentan problemas de seguridad, carencias de servicios públicos, deterioro de infraestructura y limitaciones presupuestales, las investigaciones apuntan a un presunto faltante de 40 millones de pesos cuya explicación continúa siendo una de las principales interrogantes del caso.
La pregunta que hoy domina la conversación pública en Tenancingo es simple, si realmente existe ese faltante de recursos, cómo se generó, quién autorizó los movimientos financieros, quién supervisó el manejo presupuestal y por qué ningún mecanismo de control detectó oportunamente las anomalías.
La apertura de líneas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México reflejan que el asunto apenas comienza y que las consecuencias podrían alcanzar dimensiones mucho mayores.
El golpe político más severo
La crisis coloca a Tenancingo en el centro de la atención estatal por razones completamente distintas a las que demanda la ciudadanía, en lugar de hablar de desarrollo económico, obra pública o fortalecimiento institucional, el municipio aparece relacionado con acusaciones de simulación, presunto desvío de recursos y utilización indebida de estructuras gubernamentales.
La imagen de una alcaldesa reportada inicialmente como víctima y posteriormente señalada por las autoridades como probable participante de una operación planeada representa un golpe devastador para la confianza ciudadana y para la credibilidad de quienes llegaron al poder prometiendo transparencia y buen gobierno.
Aún falta que los tribunales determinen responsabilidades definitivas y que los involucrados ejerzan plenamente su derecho de defensa, sin embargo, el expediente construido por la Fiscalía ya provocó un terremoto político cuyas repercusiones difícilmente podrán ser contenidas mediante comunicados o estrategias de control de daños.
Lo ocurrido en Tenancingo deja una lección preocupante, cuando las instituciones municipales pierden controles internos efectivos y la rendición de cuentas se debilita, los ciudadanos terminan pagando el costo de la opacidad, la improvisación y los presuntos abusos de poder, mientras la confianza pública continúa deteriorándose en una entidad que enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, transparencia y combate a la corrupción.
