* La Contraloría del Poder Legislativo registra cerca de cien casos relacionados con incumplimientos de paridad de género y nombramientos irregulares en seguridad pública; crecen exigencias de transparencia y responsabilidades para gobiernos municipales……
Por Mary González
Cerca de un centenar de casos relacionados con irregularidades administrativas en gobiernos municipales del Estado de México colocaron nuevamente bajo cuestionamiento el cumplimiento de las obligaciones legales de los ayuntamientos, principalmente por incumplimientos en materia de paridad de género y designaciones de responsables de seguridad pública sin las certificaciones correspondientes, situaciones que exhiben deficiencias en los mecanismos de supervisión institucional y plantean interrogantes sobre la responsabilidad de alcaldes y funcionarios encargados de garantizar el funcionamiento legal de las administraciones locales.
El contralor del Poder Legislativo mexiquense, Juan José Vences Hernández, informó que existen aproximadamente 40 denuncias relacionadas con incumplimientos de paridad de género, además de más de 50 casos vinculados con nombramientos irregulares de responsables de seguridad municipal registrados entre 2025 y 2026, procedimientos que derivaron en sanciones privadas y que evidencian la necesidad de revisar la eficacia de las medidas disciplinarias aplicadas.
Entre los primeros municipios sancionados por incumplimientos relacionados con la integración paritaria de sus administraciones se encuentran Metepec, Atizapán y Teoloyucan, mientras que durante marzo solamente 34 de los 125 ayuntamientos mexiquenses cumplían con las reglas establecidas para garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de sus gabinetes.
Estas cifras reflejan dificultades para cumplir disposiciones legales que deberían formar parte de las obligaciones fundamentales de cualquier administración municipal, particularmente cuando la igualdad de oportunidades constituye un principio institucional que no puede depender exclusivamente de decisiones políticas, intereses particulares o acuerdos internos de los gobiernos locales.
La situación adquiere mayor gravedad cuando las irregularidades involucran nombramientos dentro de las corporaciones de seguridad pública, porque colocar al frente de estas instituciones a personas sin las certificaciones requeridas puede comprometer la legalidad de las designaciones y generar incertidumbre sobre la preparación de quienes tienen bajo su responsabilidad la protección ciudadana.
Nombramientos irregulares exhiben fallas de supervisión
Uno de los principales cuestionamientos consiste en determinar cómo funcionarios municipales pudieron ocupar cargos vinculados con seguridad pública sin acreditar previamente los requisitos correspondientes, así como identificar qué autoridades autorizaron sus nombramientos y cuáles fueron los mecanismos utilizados para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales.
También resulta indispensable conocer los nombres de los servidores públicos involucrados, los municipios donde ocurrieron las irregularidades y el tiempo durante el cual desempeñaron sus funciones, porque la ausencia de información detallada dificulta evaluar la magnitud de los incumplimientos y sus posibles consecuencias administrativas.
Las sanciones privadas representan otro elemento que merece revisión, debido a que su carácter reservado limita el conocimiento ciudadano sobre los procedimientos aplicados y plantea dudas sobre su capacidad para prevenir nuevas irregularidades, particularmente cuando existen responsabilidades relacionadas con seguridad pública y derechos de participación.
Ante este panorama, la Contraloría legislativa enfrenta el desafío de fortalecer la vigilancia municipal, verificar el cumplimiento de las sanciones y transparentar los resultados de sus actuaciones, mientras los alcaldes deben garantizar que sus administraciones respeten las disposiciones legales, porque gobernar implica asumir responsabilidades verificables y no solamente responder mediante procedimientos disciplinarios cuando las irregularidades ya fueron detectadas.
