* Gobierno presume reducción, pero reconoce que la violencia persiste……
La narrativa oficial presume avances, pero los hechos obligan a mantener encendida la alerta, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, descartó retirar la Alerta de Violencia de Género en los municipios mexiquenses, aun cuando el propio gobierno insiste en una reducción histórica en los casos de feminicidio, una contradicción que revela que las cifras no alcanzan para ocultar la dimensión real del problema.
Cifras a la baja, realidad incierta
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México ha logrado reducir los feminicidios en los últimos años, incluso con una baja del 61 por ciento respecto a 2022, pasando de 138 a 55 víctimas, además de una disminución de 24.66 por ciento entre 2024 y 2025, y apenas cinco casos registrados en el primer bimestre de 2026, cifras que en el discurso oficial son presentadas como un logro contundente.
Sin embargo, el propio reconocimiento de que no existen condiciones para retirar la alerta exhibe que la reducción estadística no necesariamente se traduce en seguridad real para las mujeres, porque si el problema estuviera verdaderamente contenido, el gobierno no tendría razones para mantener un mecanismo de emergencia activo en 11 municipios.
La alerta como síntoma, no como solución
Lejos de representar una victoria, la permanencia de la Alerta de Género evidencia que el Estado de México sigue siendo un territorio donde la violencia contra las mujeres es estructural, donde los focos rojos no desaparecen sino que se administran, y donde las autoridades optan por celebrar porcentajes mientras las condiciones de riesgo siguen intactas en muchas regiones.
El argumento de que “no bajarán la guardia” suena más a una justificación preventiva que a una estrategia efectiva, porque mantener la alerta sin modificar de fondo las condiciones que la originaron implica reconocer que los programas implementados no han logrado erradicar el problema, apenas contenerlo en ciertos periodos.
Municipios en foco rojo
Los 11 municipios con declaratoria de alerta continúan siendo los puntos donde se concentra la mayor incidencia, lo que refuerza la idea de que la violencia de género no es homogénea, sino focalizada y persistente, y que las acciones gubernamentales no han logrado transformar de manera estructural estos territorios.
Aunque se han destinado recursos, como los 260 millones de pesos para operar las alertas y la instalación de 88 zonas estratégicas de atención, la realidad es que estos esfuerzos parecen insuficientes frente a un fenómeno que combina impunidad, fallas institucionales y una débil capacidad de prevención.
Salir del primer lugar no es triunfo
El gobierno estatal también presume haber dejado de ocupar el primer lugar nacional en feminicidios, pero este dato, lejos de ser un indicador de éxito, abre otra lectura, el problema no desaparece, solo cambia de posición en una lista donde varias entidades siguen acumulando víctimas, lo que habla de una crisis nacional más amplia.
Además, formar parte de los estados que concentran casi el 40 por ciento de los casos, junto con entidades como Sinaloa, Ciudad de México y Tamaulipas, confirma que la violencia de género sigue siendo un problema grave en la entidad mexiquense, más allá de cualquier narrativa optimista.
Entre discurso y realidad
El contraste entre los datos oficiales y la decisión de mantener la alerta deja al descubierto una política que se mueve entre el discurso de avance y la admisión implícita de que el problema está lejos de resolverse, porque mientras una sola mujer sea víctima de feminicidio, cualquier reducción porcentual resulta insuficiente.
La Alerta de Género no se retira porque el riesgo sigue presente, y esa es la señal más clara de que las cifras, por sí solas, no cuentan toda la historia, en el Estado de México la violencia contra las mujeres no ha sido erradicada, solo administrada bajo un discurso que intenta convertir la contención en éxito.
