El empresario Alex Saab, quien fue extraditado este fin de semana a Estados Unidos por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, será testigo clave para la justicia estadunidense sobre el lavado de dinero y empresarios mexicanos que se beneficiaron de la corrupción del régimen que presidía el chavista Nicolás Maduro.
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dice que ahora que Saab está en manos de la justicia estadunidense la Fiscalía General de la República (FGR) de México debiera reabrir o reactivar una demanda que presentó en 2024 esa ONG contra Saab, líder chavista Nicolás Maduro y sus cómplices mexicanos.
La especialista en transparencia y lucha contra la corrupción considera que Saab, un colombiano naturalizado venezolano, “puede aportar mucha información” sobre las operaciones ilegales que, como testaferro de Maduro, realizó en México, Colombia, Ecuador, Italia y otros países, en detrimento de las finanzas públicas venezolanas.
Es una oportunidad para que la justicia mexicana se interese por el caso, que se supone que está abierto (en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR) -señala Freitas.
Hace dos años Transparencia Venezuela presentó ante esa fiscalía –que según la ley debe ser autónoma– una denuncia de hechos de carácter penal contra Saab, Maduro y quienes resulten responsables por el uso de dinero público venezolano en la compra de alimentos con sobreprecios en México.
Pero De Freitas lamenta que esa denuncia “nunca avanzó y nunca recibimos respuesta de la fiscalía”, lo cual puede estar relacionado con la relación acrítica que siempre mantuvieron el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum con Maduro hasta que éste fue secuestrado de Venezuela por militares estadunidenses.
De acuerdo con cálculos de la ONG, el monto defraudado por Saab y sus socios en México asciende, al menos, a 140 millones de dólares, mientras que una investigación de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela concluyó que el monto de las operaciones ilegales entre el testaferro de Maduro y sus socios mexicanos llegó a 360 millones de dólares.
El exdiputado opositor venezolano Macario González sostiene que México “fue un centro clave para todas esas operaciones” que incluyen esquemas de lavado de dinero, transferencias de fondos ilegales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores; creación de empresas fantasma y una estructura financiera que pasaba por cuentas bancarias en México.
De acuerdo con la investigación legislativa, entre 2016 y 2018 Saab adquirió en México 12 millones de despensas –con productos como arroz, harina de maíz, aceite y latas de atún y sardinas–, cada una de ellas con un sobreprecio de 30 dólares, lo que elevaría el monto del desfalco a las arcas públicas venezolanas a 360 millones de dólares.
Saab está considerado el principal operador financiero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y se espera que llegue a un acuerdo con las autoridades estadunidenses para declarar contra ellos en el juicio por narcotráfico y lavado de dinero que se les sigue a ambos en una corte federal de Nueva York tras ser secuestrado en Venezuela en operación militar estadunidense el 3 de enero pasado.
Pero Saab también tiene información abundante de la corrupción y las redes de lavado de dinero en México por la estructura ilegal que armó con socios locales para comprar, a precios que rebasaban por mucho los del mercado, alimentos destinados a un programa social de Maduro para paliar el hambre y el desabasto en su país.
Además, varios cargamentos enviados a Venezuela por empresas mexicanas llegaban en mal estado y con productos de muy baja calidad que estaban destinados al programa CLAP, siglas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción creados por Maduro en 2016 para atender la crisis alimentaria en Venezuela.
Mercedes de Freitas afirma que la corrupción generada en México por empresarios mexicanos, Saab y Maduro es doblemente grave porque es probable que haya tenido efectos “incluso letales” para millones de venezolanos en situación vulnerable tras años de debacle económica, y pudo haber incidido en la “inseguridad alimentaria aguda” que registra ese país.
El empresario colombiano de 52 años llegó el domingo último a Miami tras su deportación, el sábado por la noche, de Venezuela, y el lunes compareció en una corte federal en la que fue informado de que enfrenta cargos de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos.
Saab ya había estado encarcelado y sometido a juicio en Estados Unidos, a donde fue extraditado tras su captura el 12 de junio de 2020, en Cabo Verde, durante una escala que hizo su avión privado para reabastecerse de combustible en un viaje con destino a Irán. En octubre de 2021 el país africano lo entregó a la justicia estadunidense.
El empresario chavista fue acusado de conspiración para blanquear dinero de Maduro y para montar un esquema financiero destinado a mover cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción, narcotráfico y de la minería ilegal tendiente. Esto, para eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Maduro.
