Por Mireya Álvarez
En un acto de “la mayor trascendencia”, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) concedió amnistía a una mujer indígena, un caso que, según el presidente del PJEM, Fernando Díaz Juárez, se convierte en un hecho histórico que sienta un precedente para una “justicia verdaderamente abierta y comprometida con la causa de los sectores más vulnerables”.
En una sesión extraordinaria de la Sala que atiende asuntos de personas originarias, se resolvió el caso de Bonificia, una mujer indígena cuya situación jurídica se vio afectada por un proceso judicial con “deficiencias” que, en palabras de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, constituyó una auténtica violación de sus derechos humanos. Esquivel Mossa destacó la importancia de la resolución, afirmando que “no es un papel frío o una sentencia, sino que está cambiando la vida de una persona, una familia y una comunidad”.
Ambos juristas coincidieron en que este acto es un paso firme hacia la dignificación de la justicia, especialmente para los pueblos originarios y la comunidad afromexicana. Díaz Juárez enfatizó que el PJEM, actuando en sintonía con los gobiernos federal y estatal, ha puesto en el centro a las personas, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional. Esta labor se ha materializado en diversas acciones, como la implementación de un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, la capacitación de personal en lenguas originarias y la creación de espacios de diálogo plural.
Por su parte, la ministra Esquivel Mossa se refirió al caso como un “acto de reparación” que salda una parte de la “deuda histórica” con los pueblos y comunidades indígenas. Reconoció el modelo de amnistía del Estado de México como un ejemplo a replicar, destacando el trabajo conjunto de los tres poderes de la entidad y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), para generar políticas públicas y medidas que subsanen las injusticias.
El presidente del PJEM resaltó que la Sala de Asuntos Indígenas se ha convertido en un “referente nacional y para toda América Latina” en la impartición de justicia con perspectiva intercultural. Este órgano jurisdiccional, que también funciona de manera itinerante en diversas localidades, no solo resuelve conflictos, sino que “siembra confianza” y demuestra que la justicia puede y debe ser expresada en lengua originaria, con empatía, respeto y comprensión.
El acto, al que asistieron representantes de las comunidades originarias y familiares de la persona beneficiada con la amnistía, sirvió para reafirmar que la justicia alcanza su verdadera legitimidad cuando se ejerce con interculturalidad, cercanía y sentido humano.
Díaz Juárez concluyó haciendo un llamado a reflexionar sobre las “raíces y las deudas históricas” que se tienen con los pueblos indígenas, asumiendo compromisos institucionales y éticos para con este sector fundamental de la sociedad.
La ministra Esquivel Mossa, al dirigirse a los cinco pueblos originarios mexiquenses (náhuatl, otomí, mazahua, matlatzinca y tlahuica), reiteró su agradecimiento y aseguró que “no hay justicia si no es con todas y todos los hermanos indígenas”.
Finalmente, el ministro electo y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, destacó que este tipo de actos representan el nacimiento de un México verdaderamente pluricultural y justo.
Aguilar Ortiz reconoció al magistrado presidente Fernando Díaz Juárez y al titular de la Sala de Asuntos Indígenas, Arturo Márquez, por encabezar una resolución que antepone la justicia por encima del formalismo legal. “Una interpretación progresiva permitió liberar a Bonifacia, mujer indígena mazahua injustamente encarcelada. Eso es justicia”, afirmó.
El ministro electo subrayó la necesidad de construir un sistema judicial pluricultural y avanzar hacia un federalismo judicial auténtico. “Solo viviremos en paz cuando la justicia llegue a todos los rincones del país”, concluyó.
Este acto coincidió con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reforzando el simbolismo de la jornada y con ello, marca un hito en el esfuerzo por democratizar la justicia, al reconocer la pluriculturalidad del estado y caminar de la mano con las comunidades, donde la ley y la voz de los pueblos confluyen para garantizar la paz, la prosperidad y el bienestar.
