* Mientras el Estado de México presume avances con una nueva Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía, organizaciones civiles denuncian que personas con elementos que acreditarían su inocencia continúan encarceladas por la lentitud de un sistema incapaz de corregir sus propios errores……
Por Martha Romero
Una comisión que llega tarde
La instalación de la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía en el Congreso del Estado de México constituye un reconocimiento de que el sistema de justicia ha cometido errores capaces de mantener en prisión a personas que podrían ser inocentes, sin embargo, también deja al descubierto una contradicción difícil de explicar, mientras se anuncian nuevos mecanismos de supervisión, decenas de expedientes continúan detenidos en procesos burocráticos que prolongan la privación de la libertad de quienes esperan una resolución.
La comisión fue creada como el primer órgano legislativo permanente del país especializado en dar seguimiento a solicitudes de amnistía, revisar expedientes relacionados con posibles violaciones al debido proceso, fabricación de delitos y condiciones de vulnerabilidad, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de aplicar la Ley de Amnistía.
No obstante, la creación de una nueva instancia no modifica por sí misma la realidad de quienes permanecen encarcelados mientras sus expedientes transitan lentamente entre fiscalías, juzgados, defensorías públicas, organismos de derechos humanos y diversas dependencias que intervienen en cada procedimiento.
Expedientes que siguen detenidos
El coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, señaló que actualmente existen tres solicitudes de amnistía que, a juicio de la organización, cuentan con elementos suficientes para demostrar la inocencia de las personas involucradas, entre ellas el caso de los hermanos Lorenzana, cuya petición fue presentada desde diciembre de 2025 y que, después de más de seis meses, continúa sin una resolución definitiva.
Además, el organismo mantiene el seguimiento de 19 expedientes relacionados principalmente con delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión, donde, aseguran, se repiten presuntas irregularidades como detenciones con incomunicación, limitaciones para ofrecer pruebas de descargo, investigaciones deficientes y procesos sustentados prácticamente en un solo testimonio.
Para los defensores de derechos humanos, el problema no radica únicamente en los casos individuales, sino en un patrón de fallas que revela deficiencias estructurales dentro del sistema de procuración e impartición de justicia, donde las revisiones avanzan con una lentitud que termina prolongando el encarcelamiento de personas que aún esperan que sus expedientes sean analizados a profundidad.
La justicia no puede esperar
La dimensión del problema resulta aún mayor al considerar que el Estado de México concentra la población penitenciaria más numerosa del país y mantiene una severa sobrepoblación en sus centros de reclusión, un escenario que incrementa la urgencia de revisar oportunamente aquellos expedientes donde existan indicios de errores procesales o posibles violaciones a los derechos humanos.
Si bien la Ley de Amnistía ha permitido la liberación de miles de personas desde su entrada en vigor, organizaciones civiles sostienen que aún existen numerosos casos pendientes cuya resolución continúa retrasándose sin una explicación convincente, pese a que algunos expedientes llevan varios meses en espera.
Cada persona que recupera su libertad representa una corrección del sistema, pero también evidencia que previamente existieron fallas capaces de mantenerla encarcelada durante años, por ello, advierten, el verdadero reto no consiste únicamente en conceder amnistías, sino en evitar que personas inocentes lleguen a prisión por investigaciones deficientes o procesos irregulares.
La demora en estos procedimientos mantiene bajo cuestionamiento el desempeño de las instituciones responsables de procurar e impartir justicia, porque una resolución favorable pierde parte de su valor cuando llega después de un largo periodo de encarcelamiento, tiempo que ninguna sentencia absolutoria ni ninguna amnistía podrán devolver.
Más allá de instalar nuevas comisiones, especialistas y organizaciones consideran indispensable reducir los tiempos de respuesta, fortalecer las investigaciones científicas, garantizar el debido proceso y asumir responsabilidades cuando el propio Estado reconoce, de manera implícita o explícita, que una persona fue privada de su libertad sin que existieran elementos suficientes para sostener la acusación.
