Por Mireya Álvarez
En un ejercicio de transparencia y pedagogía jurídica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en colaboración con autoridades locales, inauguró el Taller de Análisis de Sentencias 2026. El evento, centrado en el juicio SUP-JDC-338/2023, puso bajo la lupa los criterios de*acciones afirmativas para grupos vulnerables y el papel del federalismo jurisdiccional en la democracia contemporánea.
El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Gilberto Bátiz García, destacó que la justicia moderna tiene el deber de ser cercana y comprensible. “La justicia no solo debe resolverse, también debe explicarse. Analizar una sentencia es comprender que detrás de cada criterio hay decisiones que inciden en la vida cotidiana de personas concretas”, afirmó a la par de subrayar que las resoluciones cumplen una función correctiva ante desigualdades históricas, fortaleciendo la confianza ciudadana en un país multicultural y desigual.
Por su parte, Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), calificó el taller como una expresión de una “justicia dialogante” y resaltó la importancia del modelo dual de competencias, donde los tribunales locales operan como el primer espacio de defensa de los derechos político-electorales, consolidando una cadena impugnativa que otorga certeza al sistema.
El análisis se centró en la sentencia elaborada por la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, la cual evidenció que las medidas implementadas por el INE en procesos anteriores no garantizaban una representación adecuada. La resolución estableció mandatos claros donde, con consultas reales, se busca la obligación de realizar procesos transparentes y accesibles con personas con discapacidad; la no retroactividad, con la prohibición de retrocesos en la representación de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas; y la efectividad; las acciones afirmativas no deben ser simbólicas, sino herramientas de transformación social.
En tanto, Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, (IEEM), señaló que este aprendizaje es vital para el diseño del proceso electoral 2027. “Las medidas de inclusión no pueden ser improvisadas; requieren diagnósticos y evidencia para que la postulación se traduzca en representación real”, puntualizó.
La magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, Nereida Berenice Ávalos Vázquez, hizo un llamado a empoderar a las autoridades locales, quienes poseen el contacto directo con los actores políticos. Propuso que estos diálogos sean bidireccionales para comprender los contextos territoriales que a veces no figuran en los expedientes. “Todas las autoridades tenemos algo que aportar y algo que aprender”, sostuvo.
Finalmente, Edgar Guerrero Aguirre, director de Relaciones Institucionales del TEPJF, enfatizó que el taller busca traducir el lenguaje jurídico complejo a un mensaje ciudadano claro y reiteró que el principio de “progresividad” es el eje rector. “Una vez alcanzado un derecho de participación política, no se pueden dar pasos hacia atrás”.
Con este encuentro, las instituciones electorales reafirman que la renovación pacífica del poder solo es posible mediante un sistema incluyente, donde la legalidad se fusione con la sensibilidad social hacia los grupos históricamente excluidos.
