* De 122 sistemas municipales instalados en 2025, solamente 42 tenían programas de trabajo, lo que exhibe rezagos en la vigilancia del dinero público……
Por Karina Rocha
Mientras los gobiernos municipales del Estado de México administran recursos millonarios destinados a obras públicas, servicios, adquisiciones y programas sociales, los mecanismos creados para prevenir irregularidades enfrentan graves deficiencias operativas, debido a que, de 122 sistemas municipales anticorrupción instalados durante 2025, solamente 42 contaban con programas de trabajo al cierre del tercer trimestre de ese año, una cifra que exhibe la distancia entre los compromisos institucionales de transparencia y las acciones concretas para vigilar el ejercicio del dinero público.
El contraste resulta preocupante porque actualmente se reporta la instalación de 123 sistemas municipales anticorrupción en los 125 ayuntamientos mexiquenses, equivalente a una cobertura de 98.4 por ciento, sin embargo, disponer de estructuras formalmente constituidas no garantiza que existan programas preventivos, mecanismos de evaluación, seguimiento de denuncias o resultados efectivos contra posibles actos de corrupción.
Las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2025 revelaron que apenas 34.43 por ciento de los sistemas entonces instalados tenía un programa de trabajo, mientras los 80 restantes no aparecían en ese indicador, situación que no permite afirmar que continúen sin operar actualmente, pero sí exige conocer cuántos regularizaron sus actividades durante 2026 y cuáles mantienen deficiencias.
Vigilancia ciudadana enfrenta obstáculos
Óscar Bazán Alatorre, recientemente designado presidente del Comité de Participación Ciuda dana del Sistema Anticorrup ción del Estado de México y Municipios, reconoció que persisten dificultades para integrar adecuadamente estos organismos, principalmente porque algunas comisiones encargadas de seleccionar representantes ciudadanos no logran constituirse o enfrentan convocatorias sin suficientes interesados.
El problema también involucra a los propios ayuntamientos, pues anteriormente se reconocieron resistencias institucionales, dificultades para proporcionar espacios de trabajo, limitaciones materiales y obstáculos relacionados con la entrega de información, circunstancias que pueden debilitar la independencia y efectividad de los mecanismos encargados de prevenir irregularidades.
Resulta especialmente delicado que los organismos diseñados para fortalecer la vigilancia ciudadana enfrenten dificultades para cumplir sus funciones, particularmente cuando las administraciones municipales toman decisiones relacionadas con contratos, asignación de obras, adquisición de bienes, contratación de servicios y distribución presupuestal, operaciones que requieren controles permanentes para reducir riesgos de discrecionalidad y conflictos de interés.
Recursos públicos requieren controles efectivos
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, encabezada técnicamente por Víctor Romero Maldonado, enfrenta el desafío de fortalecer la coordinación con las administraciones municipales y proporcionar información actualizada sobre el funcionamiento de estos organismos, porque anunciar sistemas instalados resulta insuficiente cuando no se conoce públicamente el cumplimiento efectivo de sus actividades.
También corresponde a los presidentes municipales facilitar las condiciones necesarias para el funcionamiento de los comités, garantizar acceso a información y respetar los procedimientos de participación ciudadana, sin convertir dichos espacios en estructuras administrativas subordinadas a intereses políticos.
La situación obliga a preguntar cuántos ayuntamientos cuentan actualmente con diagnósticos de riesgos, programas preventivos, indicadores de desempeño y mecanismos públicos para atender posibles irregularidades, además de conocer qué acciones correctivas se han aplicado cuando las autoridades incumplen sus responsabilidades.
La existencia de un sistema anticorrupción tampoco significa que se hayan detectado delitos ni que su falta de programa operativo demuestre desvíos presupuestales, pero estas deficiencias sí pueden reducir la capacidad institucional para advertir riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores.
Urge transparentar resultados municipales
El nuevo liderazgo de Óscar Bazán Alatorre tendrá que enfrentar un reto fundamental, demostrar que los sistemas municipales no constituyen únicamente una estructura burocrática destinada a cumplir requisitos legales, sino verdaderos instrumentos de prevención, vigilancia y participación ciudadana.
Para ello, resultará indispensable publicar un diagnóstico actualizado de los 125 municipios, identificar los sistemas que carecen de integrantes o programas de trabajo, precisar las razones de los incumplimientos y establecer fechas verificables para corregir las deficiencias.
Los mexiquenses necesitan saber quién vigila sus recursos, cómo funcionan los controles y qué resultados producen, porque la transparencia no puede limitarse a estadísticas institucionales ni a declaraciones sobre compromisos anticorrupción.
El desafío es convertir una cobertura administrativa cercana al cien por ciento en vigilancia efectiva, rendición de cuentas y participación ciudadana, evitando que el combate a la corrupción permanezca reducido a organismos instalados, documentos oficiales y promesas que no garantizan por sí mismas la protección del patrimonio público.
