Diputados de Morena, PVEM y PT aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto de reforma para prohibir la doble nacionalidad a candidatos a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Los cinco representantes del PAN abandonaron la sesión antes de que se tomara la votación, después de reclamar que se había dictaminado al vapor y que la propuesta atenta contra los derechos políticos que los migrantes ganaron en las últimas dos décadas.
Hubo 26 votos a favor y cinco en contra de los diputados del PRI y Movimiento Ciudadano.
“A favor de este dictamen y de evitar que se nos vaya a filtrar un traidor a la patria”, resumió el morenista Julio César Moreno en el recuento de la votación de viva voz.
Ante los cuestionamientos de la oposición, Katia Alejandra Castillo Lezama (Morena) argumentó que esa reforma no va en contra de los migrantes binacionales ni les restringe su derecho político, sino que busca garantizar que solo el interés de México pueda guiar su actuación.
“Gobernar no significa equilibrar dos lealtades jurídicas; significa representar y defender, sin ninguna ambigüedad, los intereses de nuestra nación. Quien aspire a encabezar un Poder Ejecutivo deberá tener solamente la nacionalidad mexicana. Si posee otra, podrá participar, siempre que renuncie efectivamente a ella antes de solicitar el registro de su candidatura”, expuso la representante de la mayoría.
Calificó la morenista de “entreguistas” las acciones de los senadores Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Lily Téllez, del PAN, por haberse pronunciado en favor de la intervención de Estados Unidos en México.
En el mismo sentido, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanes (PVEM) sostuvo que el cambio a los artículos 82, 116 y 122 busca hacer explícita una regla que, por la importancia del cargo, no debería quedar sujeta a ambigüedades; refuerza la idea de lealtad exclusiva al Estado mexicano, porque la nacionalidad es un vínculo jurídico que crea derechos y obligaciones.
Irma Yordana Garay, del PT, dijo que se trata de garantizar que quienes aspiren a gobernar en México tengan un compromiso irrenunciable con el país.


