El aspirante a la presidencia municipal de Metepec, Oscar Ruiz Díaz, fue nuevamente denunciado penalmente por el delito de Extorsión Agravada por una mujer con residencia en el municipio de Ecatepec, de donde es oriundo, acusación que se suma a la que antes enfrentó con prisión oficiosa en el penal de Chiconautla, también por el delito de extorsión agravada y asociación delictuosa, con la agravante de cometer violencia contra la víctima.
Ruiz Díaz tiene en suspenso además la causa penal radicada en la carpeta de investigación ECA/ECA/COA/027/242720/20/01, en la cual se le acusa de haber extorsionado a una persona de identidad reservada, extorsión para la cual utilizó la violencia física y mental, junto con un grupo de sus allegados, de ahí la imputación de asociación delictuosa.
Oscar Ruiz Díaz colaboró con el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, como Secretario Técnico de Gabinete, al inicio de la administración municipal, y tras ser encarcelado como extorsionador y liberado gracias a una medida cautelar que implicó el pago de una fianza millonaria, regresó a la administración municipal de Ecatepec, como “asesor”.
Ruíz Díaz fue asegurado por primera vez el jueves 27 de febrero de 2020 y estuvo casi seis meses interno en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, de donde salió gracias al pago de una fianza millonaria y con el apoyo del presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, quien ahora lo impulsa como candidato al gobierno municipal de Metepec.
La nueva denuncia en contra de Ruiz Díaz, aunque no ha sido dada a conocer formalmente por el equipo de abogados que conoce del caso, presumiblemente implica a una mujer, que es quien lo acusa de ejercer presión para presumiblemente obligarla a vender una propiedad, aunque los detalles se darán a conocer una vez que se asiente la carpeta de investigación.
Los antecedentes penales de Oscar Ruiz Díaz no se limitan a estos dos casos vinculados por el delito de extorsión, ya que existen en su contra otras acusaciones por delitos del orden federal que podrían estar relacionados con asociación delictuosa con el objetivo de cometer delitos, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia no aclarada.
