* Acusan abandono de Morena al campo……
* Legisladoras tricolores denuncian el desmantelamiento de 24 programas rurales, el encarecimiento de insumos y el fracaso de los programas asistencialistas en el agro mexiquense……
Por Mireya Álvarez
El sector agrícola en México y en el Estado de México enfrenta una de sus crisis más agudas debido al “abandono institucional” y la implementación de políticas asistencialistas por parte de las administraciones de Morena, denunciaron las diputadas locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes Colín Guadarrama y Leticia Mejía García.
En conferencia de prensa y a través de un detallado análisis estadístico respaldado por datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y registros oficiales, las legisladoras tricolores evidenciaron el desmantelamiento de los esquemas de alta productividad y el incremento histórico en la importación de granos básicos, lo que contradice el discurso oficialista de la soberanía alimentaria.
Durante su intervención, la diputada Mercedes Colín Guadarrama calificó a la actual gestión como “el gobierno de la destrucción nacional”, argumentando que sus directrices han llevado al campo mexicano a la mayor subordinación extranjera de la que se tenga registro.
“Hablan todos los días de soberanía y de que México no necesita de Estados Unidos, pero sus absurdas medidas han duplicado la dependencia alimentaria”, sentenció.
De acuerdo con las cifras presentadas, el incremento del 93.5 por ciento en la dependencia de maíz proveniente de EE. UU. durante la última década; de 13.9 a 27 millones de toneladas, hace diez años, bajo administraciones priistas, las importaciones se mantenían en niveles mínimos; hoy en día se adquieren 27 millones de toneladas métricas del país vecino; el grano importado representa el 52.3 por ciento del consumo nacional de los mexicanos.
“México se ha convertido en el tercer importador de maíz más grande del mundo, superado únicamente por naciones con magnitudes demográficas o geográficas radicalmente distintas como China y Japón”, indicó Colín Guadarrama.
Por su parte, la legisladora Leticia Mejía García expuso la realidad que golpea directamente a las familias rurales del Estado de México. Detalló que la entidad pasó de una producción estable que superaba los dos millones de toneladas anuales entre 2015 y 2018, a registrar apenas 1.7 millones de toneladas en el último ciclo, lo que significa una contracción drástica que ha dejado sin oportunidades económicas a miles de productores.
Mejía García criticó que las autoridades estatales de la denominada “cuarta transformación” adopten una postura contemplativa ante la emergencia. Recordó que la propia Secretaría del Campo estatal admitió recientemente la “pérdida de más de 15 mil hectáreas agrícolas” en la entidad debido a la falta de siembra, sequías y granizadas derivadas del cambio climático, sin que existan proyectos tangibles para revertir el daño.
Las priistas explicaron que el colapso productivo responde directamente al recorte presupuestal y a la desaparición de la infraestructura de apoyo que construyó el PRI. En una década, el presupuesto federal destinado al agro sufrió un recorte real del 18 por ciento, pasando de más de 92 mil millones de pesos en 2015 a 75 mil millones de pesos en la actualidad.
Bajo la bandera de la “transformación”, se eliminaron al menos 24 programas rurales esenciales, entre los que destacan: Procampo: Esquema que otorgaba transferencias directas y oportunas para que el campesino adquiriera el fertilizante adecuado para la vocación de su tierra; Financiera Rural: Institución que apalancaba créditos oportunos en el mes de abril (ciclo de siembra) y se liquidaba tras las cosechas de noviembre. Su desaparición dejó a los agricultores a merced de agiotistas o sin capital de inversión; Subsidio al Diésel de uso agrícola: Componente que abarataba los costos de operación de la maquinaria en la milpa; hoy, con el combustible rozando los 30 pesos por litro, sembrar es incosteable.
En sustitución de estos pilares, acusaron que el presupuesto adicional de casi mil millones de pesos asignado al Estado de México no se ve reflejado en los surcos, sino que se diluye en programas de corte electoral o asistencialista como “Sembrando Vida”, cuyos recursos acusaron que benefician más a Centroamérica que al país, sumado a desfalcos por 2,700 millones de pesos sin aclarar, o “Comaleras del Bienestar” y sobre este último, Mejía García precisó que la entrega de un comal y un quemador no genera empresarias ni exportadoras, sino que estanca la economía informal de subsistencia.
La crisis se agrava por el encarecimiento de los insumos en más del 50 por ciento. El bulto de urea y el fertilizante DAP incrementaron sus precios drásticamente, pasando de 500 a más de 800 pesos.
Aunado a esto, las reglas de operación de los “precios de garantía” de 7,500 pesos por tonelada resultan insuficientes, ya que las bodegas oficiales compran un porcentaje mínimo de la cosecha mexiquense. El resto de los productores se ve obligado a malbaratar su maíz a intermediarios a un precio promedio de seis mil 104 pesos por tonelada, una cifra que no cubre la inversión por hectárea, la cual oscila entre los 20 mil y 45 mil pesos.
Finalmente, la bancada del PRI exigió un rediseño total de la política pública agrícola que regrese al esquema de “Alta Productividad”, y explicaron que la siembra exclusiva de maíz nativo o criollo, aunque identitaria, es ineficiente para el mercado masivo, pues reduce el rendimiento a tres toneladas por hectárea, mientras que el uso de semillas mejoradas e híbridos impulsado en el pasado garantizaba hasta 8 toneladas por hectárea.
El llamado urgente de las legisladoras es devolver al campo la tecnificación, el financiamiento competitivo, el acompañamiento técnico y los fertilizantes accesibles que permitan el crecimiento real de las familias rurales de la entidad.
