* Con el apoyo institucional del SIPINNA, legisladores y autoridades estatales afinan los detalles legales de una propuesta enfocada en la detección oportuna, la protección a las infancias y la profesionalización de los profesores……
Por Mireya Álvarez
La propuesta orientada a erradicar la violencia sexual infantil dentro de los planteles educativos del Estado de México, conocida como “Ley Asiel”, obtuvo un respaldo institucional clave emitido el pasado 30 de agosto de 2026 por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
El organismo federal ofreció acompañamiento técnico para perfeccionar la propuesta y propuso abrir canales de diálogo directo con las comisiones del Poder Legislativo estatal, priorizando el interés superior de las infancias y evitando la revictimización institucional.
Originada a raíz de un caso de agresión registrado en una secundaria del municipio de Apaxco, la iniciativa impulsada por el activista Asiel de la Rosa Canola con el apoyo de la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Ana Yurixi Leyva Piñón, busca establecer un blindaje integral en las escuelas mediante: establecer rutas claras de detección, prevención y actuación inmediata ante posibles abusos; dotar al personal escolar de herramientas teóricas y prácticas para identificar señales de riesgo y saber canalizar denuncias sin temor o desconocimiento.
Así como obligar a la remisión inmediata de los casos a las fiscalías y procuradurías protectoras, sin esperar la judicialización de carpetas, además de sancionar omisiones de servidores públicos, y diseñar mecanismos que prevengan tanto la impunidad como el uso indebido de falsas acusaciones.
A pesar de los avances y de la preocupación prioritaria mostrada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez respecto a la seguridad de la niñez, la legisladora Ana Yurixi Leyva aclaró que el proyecto “todavía no se encuentra formalmente presentado ni turnado a comisiones” en el Congreso mexiquense.
Actualmente, el documento se mantiene en una fase de revisión técnica y jurídica conjunta con el Gobierno estatal, la familia del promovente y su equipo legal; entre las adecuaciones destaca el replanteamiento de medidas iniciales, como la propuesta de colocar un Ministerio Público por escuela, descartada por inviabilidad presupuestal, valorando en su lugar la posibilidad de instrumentar las reformas a través de enmiendas directas a la Ley de Educación y la legislación de derechos de la infancia vigentes.
