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Bajo revisión, 59.6 millones en publicidad de Nezahualcóyotl

Por Raúl Ruiz 

El gobierno municipal encabezado por Adolfo Cerqueda Rebollo enfrenta cuestionamientos por el manejo de 59.6 millones de pesos destinados durante 2025 a difusión y promoción institucional, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México detectara deficiencias documentales relacionadas con la planeación, contratación, adjudicación y comprobación de estos recursos públicos, situación que coloca bajo escrutinio las prioridades presupuestales de una administración obligada a demostrar que cada peso ejercido respondió a necesidades institucionales y no a intereses de promoción política.

Las observaciones resultan especialmente delicadas porque involucran recursos destinados a comunicar actividades gubernamentales, un rubro que exige transparencia para impedir que la publicidad oficial se convierta en instrumento de posicionamiento personal de servidores públicos, particularmente cuando persisten demandas ciudadanas relacionadas con seguridad, infraestructura, servicios públicos y mantenimiento urbano.

El monto observado obliga a esclarecer qué empresas fueron contratadas, cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar proveedores, cuánto dinero recibieron los distintos medios de comunicación y qué mecanismos permitieron verificar la prestación efectiva de los servicios, aspectos fundamentales para determinar si existieron incumplimientos administrativos o posibles afectaciones al patrimonio municipal.

Aunque las deficiencias documentales no significan automáticamente que los 59.6 millones de pesos hayan sido desviados, tampoco pueden minimizarse como simples errores administrativos, especialmente cuando las contrataciones públicas requieren expedientes completos, estudios de mercado, procedimientos transparentes y evidencia suficiente para acreditar el destino del presupuesto.

La administración de Cerqueda Rebollo tiene la responsabilidad de aclarar las observaciones, transparentar los contratos y explicar los beneficios concretos que recibió la población mediante este gasto, porque la comunicación gubernamental no puede quedar al margen de la fiscalización, mucho menos cuando se utilizan recursos provenientes de los contribuyentes, quienes tienen derecho a conocer no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió el dinero y qué resultados fueron obtenidos.

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