Por Karina A. Rocha Priego
Mientras el gobierno mexiquense presume la política social como una de sus principales banderas, dos programas llegaron a agosto con cero pesos aplicados, el problema no es sólo presupuestal, también es político, porque detrás de cada peso detenido existe una población que sigue esperando.
En política social no basta con anunciar millones, publicar reglas de operación y presumir presupuestos, el dinero que no llega a tiempo a quienes lo necesitan, difícilmente puede llamarse bienestar, y eso es precisamente lo que ocurre con dos programas del Gobierno del Estado de México que llegaron al cierre de agosto con una cifra incómoda, cero pesos aplicados.
Desarrollo Indígena con Bienestar tiene autorizados 17 millones de pesos y Jóvenes con Bienestar otros 36 millones, en conjunto son 53 millones que al 31 de agosto seguían sin reflejar aplicación financiera, no estamos hablando de recursos inexistentes ni de programas sin presupuesto, hablamos de dinero autorizado que después de ocho meses del ejercicio fiscal seguía sin convertirse en apoyos efectivos.
Y ahí comienza el problema político, porque una administración puede defenderse argumentando que existen procesos administrativos, integración de padrones, revisiones, validaciones y trámites pendientes, pero cuando el calendario ya consumió dos terceras partes del año, la burocracia deja de ser una explicación cómoda y comienza a parecer un síntoma de incapacidad para ejecutar.
El discurso corre más rápido que los programas
El gobierno de Delfina Gómez ha colocado el bienestar social como uno de los pilares de su narrativa pública, millones de beneficiarios, programas sociales, apoyos directos y combate a la pobreza forman parte recurrente del discurso oficial, pero los propios informes de la Secretaría de Bienestar muestran que no todos los programas avanzan a la misma velocidad.
Mientras Mujeres con Bienestar había aplicado alrededor de 7 mil millones de los 9 mil 749.9 millones autorizados, equivalente a 71.8 %, Jóvenes con Bienestar seguía en cero.
Mientras Alimentación para el Bienestar registraba alrededor de mil 499.6 millones de pesos aplicados de 2 mil 175.9 millones, Desarrollo Indígena con Bienestar continuaba también en cero.
La diferencia es demasiado evidente como para reducirla solamente a un problema administrativo.
Jóvenes con Bienestar tampoco comenzó ayer, sus modificaciones a las reglas de operación fueron publicadas desde el 27 de febrero de 2026, es decir, cuando agosto terminó habían transcurrido alrededor de seis meses desde que el programa contaba formalmente con su marco de operación vigente.
La meta tampoco es difusa, se habla de atender a 6 mil jóvenes y existe un presupuesto de 36 millones de pesos, por lo que la pregunta resulta inevitable, ¿cómo puede una política social llegar a septiembre todavía integrando padrones cuando el año ya está prácticamente entrando en su recta final?.
Los indígenas pueden esperar
El caso de los programas destinados a población indígena resulta todavía más incómodo.
Desarrollo Indígena con Bienestar tenía 17 millones de pesos disponibles y no había aplicado un solo peso, Niñez Indígena con Bienestar apenas registraba 24.7 millones de los 76.7 millones autorizados, equivalente a 32.2 %, mientras Bienestar Cultural Indígena acumulaba apenas 1.6 millones de 5.85 millones, aproximadamente 27.6 %.
Puede argumentarse que cada programa tiene mecanismos distintos, reglas diferentes y calendarios propios, pero el conjunto ofrece una fotografía política que difícilmente favorece al gobierno, buena parte de los programas dirigidos a población indígena avanzaban lentamente mientras los grandes programas de transferencia acumulaban porcentajes considerablemente mayores.
No se necesita construir una teoría política alrededor de las cifras, los números hablan por sí mismos.
La pregunta que queda sobre la mesa es por qué algunos sectores pueden recibir los apoyos a tiempo y otros tienen que esperar hasta la última parte del año.
Gastar en diciembre no borra ocho meses
La Secretaría de Bienestar todavía tiene margen para ejercer los recursos, por lo que sería incorrecto afirmar desde ahora que los 53 millones terminarán como subejercicio, pero ese tampoco debería ser el único parámetro para evaluar la eficiencia gubernamental.
Porque si una dependencia logra gastar en noviembre o diciembre lo que no pudo ejercer durante ocho o diez meses, quizá pueda mejorar sus indicadores financieros, pero no puede devolver a una familia indígena, a un joven sin empleo o a una persona en situación vulnerable los meses durante los cuales el apoyo no llegó.
Ese es uno de los grandes vicios de la administración pública, convertir el ejercicio presupuestal en una carrera de cierre, como si gastar antes del 31 de diciembre fuera suficiente para demostrar eficiencia, pero ¡no lo es!
El presupuesto social debería medirse también por oportunidad, porque cien pesos entregados cuando una persona los necesita pueden tener mayor impacto que los mismos cien pesos otorgados meses después solamente para cumplir una meta administrativa.
La política social también se mide en tiempo
En conjunto, los ocho programas incluidos en el reporte sumaban alrededor de 12 mil 744.8 millones de pesos autorizados y habían aplicado cerca de 8 mil 986.5 millones, alrededor de 70.5% del total, a primera vista el porcentaje puede parecer aceptable, pero la cifra global esconde profundas diferencias entre programas.
Los grandes montos de Mujeres con Bienestar y Alimentación para el Bienestar elevan el promedio, mientras los programas pequeños pueden permanecer rezagados sin alterar demasiado el porcentaje general
La política social no debería convertirse en una vitrina donde sólo brillan los programas de mayor impacto político y presupuestal, también debe demostrar eficiencia precisamente en aquellos sectores que tienen menor capacidad para reclamar, organizarse o colocarse en la agenda pública.
El gobierno estatal todavía puede explicar por qué Desarrollo Indígena con Bienestar y Jóvenes con Bienestar llegaron a agosto sin aplicación financiera, también puede acelerar su operación y cumplir las metas antes de terminar el año.
Pero existe una pregunta que ninguna transferencia tardía podrá borrar completamente: Si el dinero estaba autorizado, si las reglas existían y si la población objetivo estaba identificada, ¿por qué el bienestar tuvo que esperar ocho meses para comenzar a llegar?.
¿Será que Delfina Gómez, habrá de explicarlo en su Tercer Informe de Gobierno?.
