* Buscan impedir acceso a rectoría a personas con antecedentes de violencia……
Con el argumento de garantizar espacios seguros y libres de violencia para las mujeres, el Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado de México impulsa una reforma para impedir que personas con antecedentes por violencia de género, familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias puedan acceder a la Rectoría o a cargos directivos en la Universidad Autónoma del Estado de México, la propuesta abre un nuevo frente en el debate sobre ética, responsabilidad y perfiles dentro de las instituciones educativas.
La iniciativa, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez y la legisladora Araceli Casasola Salazar, plantea modificar la Ley Orgánica universitaria para establecer como requisito obligatorio que quienes aspiren a cargos como la Rectoría o direcciones académicas no cuenten con sentencias firmes por delitos relacionados con violencia de género, acoso, hostigamiento sexual, violencia familiar o feminicidio, además de no estar inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, ni tener resoluciones judiciales por incumplimiento de obligaciones alimentarias.
El planteamiento no surge en el vacío, se sostiene en un contexto que evidencia la persistencia de la violencia dentro de la propia universidad, de acuerdo con datos de la Dirección de Responsabilidad Universitaria, entre el 8 de marzo y el 15 de mayo de 2023 se resolvieron 402 asuntos vinculados a distintos tipos de violencia, lo que derivó en sanciones para 241 personas, de las cuales 117 eran docentes y 124 estudiantes, cifras que reflejan la dimensión del problema y la necesidad de mecanismos más estrictos de control institucional.
La propuesta legislativa también retoma antecedentes que marcaron a la comunidad universitaria, como las denuncias realizadas en febrero de 2020 por alumnas de la Facultad de Ciencias de la Conducta, quienes exhibieron la existencia de una red de pornografía no consensuada promovida por un estudiante, este hecho detonó manifestaciones en al menos 11 espacios universitarios mediante los llamados tendederos de acoso, visibilizando nombres de presuntos agresores y generando presión para que las autoridades actuaran.
A partir de esas denuncias se formalizaron 35 casos por acoso u hostigamiento sexual ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, de los cuales siete de cada diez correspondían a docentes, para marzo de ese mismo año se registró la suspensión, destitución o despido de 51 profesores, además de la presentación de 21 denuncias ante el Ministerio Público, a estos casos se suman 20 más documentados entre 2018 y 2019, lo que arroja un total de 71 expedientes en apenas dos años, configurando un escenario que evidencia fallas estructurales en la prevención y atención de la violencia de género dentro de la institución.
En este contexto, la reforma plantea no solo requisitos de acceso, sino también mecanismos de sanción durante el ejercicio del cargo, establece que cualquier persona titular de la Rectoría o de una dirección que sea sentenciada por delitos de esta naturaleza deberá ser separada de manera inmediata, lo mismo aplicará en caso de resoluciones administrativas definitivas por conductas de violencia o si se acredita su inscripción en el padrón de deudores alimentarios, en tales casos, el Consejo Universitario será el encargado de declarar la vacante y activar el procedimiento de sustitución conforme a la normatividad vigente.
El proyecto también contempla disposiciones transitorias que obligarían a quienes actualmente ocupan estos cargos a presentar, en un plazo de 90 días naturales posteriores a la eventual publicación del decreto, una constancia de no antecedentes penales por los delitos señalados, lo que implicaría una revisión directa de los perfiles en funciones.
La iniciativa, cuya lectura fue omitida durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura, abre un debate de fondo sobre la responsabilidad institucional y la congruencia entre el discurso de igualdad y la práctica administrativa, mientras para sus impulsores representa un paso necesario para erradicar la violencia y garantizar entornos seguros, para otros sectores podría implicar desafíos en su implementación y en la definición de criterios jurídicos, lo cierto es que el tema coloca nuevamente a la universidad en el centro de la discusión pública sobre derechos, justicia y rendición de cuentas dentro de los espacios educativos.
