* La propuesta contempla sanciones en el Código Penal y protocolos de protección para el magisterio; el legislador también plantea revisar la política de no reprobación escolar y fortalecer la autoridad docente……
Por Mireya Álvarez
El diputado de Morena, Rigoberto Vargas Cervantes, anunció que impulsará en el Congreso del Estado de México una iniciativa para proteger integralmente a maestras y maestros frente a agresiones físicas, psicológicas, extorsiones y acusaciones falsas que puedan afectar su estabilidad laboral y reputación profesional.
El legislador explicó que la propuesta, presentada desde un periodo legislativo anterior, continúa en revisión tras las demandas de organizaciones sindicales que consideran indispensable establecer mecanismos legales de protección para el magisterio.
El proyecto contempla incorporar sanciones específicas en el Código Penal estatal, además de protocolos de atención y acompañamiento institucional para docentes que enfrenten situaciones de violencia dentro de los planteles educativos.
Vargas Cervantes adelantó que buscará turnar la iniciativa a las comisiones legislativas correspondientes para iniciar su discusión, además de promover otra propuesta destinada a prevenir agresiones contra estudiantes y demás integrantes de las comunidades escolares.
Reconoció que los conflictos escolares requieren coordinación entre autoridades educativas y de seguridad, particularmente ante denuncias relacionadas con violencia y posibles actividades delictivas en los planteles.
También planteó revisar la política educativa relacionada con la reprobación escolar, al considerar necesario evaluar sus efectos sobre el aprendizaje y el desarrollo emocional de los estudiantes.
El diputado advirtió que algunos docentes enfrentan señalamientos públicos y denuncias que pueden afectar su trayectoria profesional, aunque reconoció que no dispone de estadísticas oficiales sobre acusaciones falsas.
Finalmente, sostuvo que deben fortalecerse el diálogo entre familias y profesores, la autoridad pedagógica y los mecanismos institucionales de protección, sin impedir investigaciones legítimas cuando existan denuncias contra personal educativo.
