Por Edith Romero
Diputados del Estado de México presentaron una iniciativa de ley para reforzar la regulación y vigilancia de crematorios públicos y privados, ante el riesgo de que algunos de estos espacios sean utilizados para desaparecer evidencias relacionadas con víctimas del crimen organizado.
La propuesta busca fortalecer los controles sobre servicios funerarios, cremaciones y manejo de restos humanos, además de establecer sanciones más severas para quienes incurran en irregularidades relacionadas con la incineración o sepultura de cadáveres sin autorización legal.
La iniciativa también pretende brindar apoyo indirecto a colectivos y Madres Buscadoras, con el objetivo de evitar que cuerpos de personas desaparecidas sean cremados antes de ser identificados y entregados a sus familiares.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas actualizados al 30 de abril de 2026, en México existen 133 mil 563 personas desaparecidas, de las cuales 14 mil 665 corresponden al Estado de México, cifra que representa el 11 por ciento del total nacional.
Entre los municipios mexiquenses con mayor incidencia de desapariciones durante los primeros cinco meses del año destacan Tultitlán y Ecatepec con ocho casos cada uno, seguidos de Texcoco con siete, Nezahualcóyotl con seis, además de Toluca y Naucalpan con cinco casos respectivamente.
La propuesta advierte que algunos crematorios operan bajo apariencia legal pese a posibles vínculos con actividades ilícitas, situación que podría facilitar la desaparición de restos humanos y obstaculizar las investigaciones ministeriales.
Además, se señaló que las prácticas de cremación irregular y manejo indebido de cadáveres se desarrollan en un contexto de impunidad, dificultando la identificación de víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas.
La iniciativa contempla reformas a los artículos 224 y 225 del Código Penal estatal para castigar con penas de hasta 12 años de prisión y multas económicas a quienes oculten, destruyan, mutilen, sepulten o cremen restos humanos sin autorización, especialmente cuando se trate de personas no identificadas.
También propone que los municipios asuman responsabilidades más amplias en la prestación y supervisión de servicios funerarios, velatorios, traslados y cremaciones, con el propósito de reforzar la vigilancia y evitar que estos espacios sean utilizados para ocultar delitos.
