* La captura de un alto funcionario del Gobierno del Estado de México vuelve a colocar bajo sospecha los controles institucionales y la capacidad para detectar posibles vínculos criminales dentro del servicio público……
Por Martha Romero
La detención de Lino Rodrí guez González, coordinador de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México, representa uno de los golpes políticos más delicados para la administración estatal en lo que va del sexenio, porque más allá de la responsabilidad penal que deberá determinar un juez, el caso vuelve a exhibir una pregunta que desde hace años persigue a las instituciones mexiquenses, ¿cómo es posible que funcionarios con responsabilidades estratégicas lleguen a ocupar cargos de alto nivel mientras posteriormente enfrentan investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada?.
La captura fue realizada como parte de la denominada Operación Enjambre, mediante un despliegue en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades ministeriales, posteriormente el funcionario fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para su certificación médica y traslado, mientras que el Registro Nacional de Detenciones confirmó su aseguramiento.
De acuerdo con información difundida por autoridades y reportes periodísticos, Rodríguez González enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada, conductas cuya acreditación corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales conforme avance el proceso penal.
El caso, sin embargo, trasciende el ámbito jurídico y se convierte en un problema político de enormes dimensiones.
La confianza vuelve a tambalearse
La Coordinación Regional de Gobierno no es un cargo menor, quien ocupa esa responsabilidad mantiene comunicación permanente con presidentes municipales, cuerpos de seguridad, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores, además de intervenir en la atención de conflictos políticos y sociales considerados prioritarios para la gobernabilidad.
Durante su gestión, Lino Rodríguez González participó en la atención de conflictos relacionados con la tala clandestina en Ocuilan, así como en disputas políticas registradas en municipios del sur mexiquense, por ello, su detención inevitablemente genera dudas sobre el alcance de las revisiones realizadas antes de designar a servidores públicos en posiciones estratégicas.
La ciudadanía espera que quienes representan al Estado sean precisamente quienes garanticen el cumplimiento de la ley, no quienes terminen siendo investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Un problema que no desaparece
La infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales no es un fenómeno nuevo en el Estado de México ni en otras entidades del país, durante años, diversas investigaciones federales han advertido sobre el interés de grupos delictivos por influir en corporaciones policiacas, gobiernos municipales y áreas responsables de la operación política.
Cada nueva detención fortalece la percepción de que los mecanismos de control interno siguen siendo insuficientes para impedir que personas bajo investigación o presuntamente relacionadas con actividades ilícitas alcancen posiciones de poder.
Aunque toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme, el daño institucional comienza desde el momento en que un servidor público de alto nivel es detenido mediante un operativo encabezado por fuerzas federales.
Las respuestas no pueden esperar
El impacto político del caso obliga también a una reflexión sobre la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación, supervisión y control dentro de la administración pública, porque si las acusaciones prosperan ante los tribunales, la discusión dejará de centrarse únicamente en la conducta individual para extenderse hacia los mecanismos que permitieron su permanencia en un cargo de alta responsabilidad.
La sociedad merece conocer si existieron alertas previas, si hubo investigaciones administrativas o si las instituciones contaban con información suficiente para actuar antes de que fuera necesaria una intervención ministerial.
Guardar silencio frente a hechos de esta magnitud únicamente profundiza la desconfianza ciudadana.
Más que una captura
La Operación Enjambre ha vuelto a colocar bajo los reflectores la compleja relación entre seguridad pública, gobernabilidad y combate a la corrupción, la detención de un funcionario estatal demuestra que ninguna institución puede darse por ajena al riesgo de infiltración criminal y que el combate a estas estructuras exige vigilancia permanente, transparencia y rendición de cuentas.
Corresponderá a la Fiscalía presentar las pruebas que sustenten las imputaciones y al Poder Judicial resolver conforme a derecho, mientras tanto, resulta indispensable evitar juicios anticipados sobre la responsabilidad penal del detenido.
Sin embargo, políticamente el mensaje ya es contundente, cada funcionario capturado por presuntos vínculos con el crimen organizado representa un golpe directo a la confianza de la ciudadanía, una confianza que difícilmente se recupera con discursos, porque la verdadera fortaleza de un gobierno no se mide únicamente por el número de operativos que anuncia, sino por su capacidad para impedir que personas bajo sospecha lleguen a ocupar posiciones desde las cuales se toman decisiones fundamentales para la seguridad y la gobernabilidad del Estado de México.
