* El Ayuntamiento, encabezado por Omar Sánchez Velázquez, firmó un contrato por seis meses para arrendar cinco camiones de pasajeros, con un costo de 74 mil pesos mensuales por unidad, sin que se conozcan públicamente las rutas, los usuarios ni el destino de los vehículos……
Por Karina Rocha
En Calimaya, donde persisten problemas de agua potable, recolección de basura, caminos deteriorados y servicios públicos deficientes, el gobierno municipal encabezado por Omar Sánchez Velázquez comprometió dos millones 575 mil 200 pesos para arrendar cinco autobuses de pasajeros durante seis meses de 2025, mediante una contratación que exige explicaciones sobre su legalidad, justificación y utilidad pública.
El contrato con número PMC/SA/ CA/LPNP/002/2025, firmado el 23 de junio, establece un pago de 74 mil pesos mensuales por unidad, equivalente a 370 mil pesos mensuales antes de impuestos, con vigencia del primero de julio al 31 de diciembre, operación que representó dos millones 220 mil pesos más 355 mil 200 pesos de IVA.
Sin embargo, lo verdaderamente delicado no es únicamente la cantidad comprometida, sino la utilización de un procedimiento de adjudicación directa para una contratación que supera los límites ordinarios establecidos para ese ejercicio fiscal, circunstancia que obliga a revisar si existió alguna excepción legal debidamente justificada.
¿Adjudicación fuera de límites?
El artículo 55 del Presupuesto de Egresos del Estado de México para 2025 contemplaba límites máximos ordinarios de 500 mil pesos para adjudicación directa y un millón 500 mil pesos para invitación restringida, antes de IVA, dependiendo del presupuesto autorizado.
El contrato de Calimaya alcanzó dos millones 220 mil pesos antes de impuestos, cantidad superior incluso al límite máximo de invitación restringida, por lo que el Ayuntamiento tendría que de-mostrar qué disposición excepcional permitió prescindir de una licitación pública.
La pregunta es inevitable, ¿quién autorizó contratar por esa vía?, ¿qué documentos justificaron la decisión?, ¿cuántas empresas fueron consideradas? y ¿por qué se eligió precisamente al proveedor beneficiado?
El expediente completo deberá confirmar el procedimiento utilizado, porque el importe constituye un motivo suficiente para exigir una revisión rigurosa.
Cinco autobuses, ¿para quién?
El objeto del contrato señala que los vehículos serían destinados a diversas acciones y servicios de las áreas municipales, descripción tan general que resulta insuficiente para conocer qué necesidad concreta justificó mantener cinco unidades contratadas durante medio año.
Tampoco se identificaron, dentro de la información revisada, acontecimientos multitudinarios organizados por el Ayuntamiento durante junio de 2025 que explicaran semejante contratación, aunque la prestación del servicio pudo responder a otras actividades cuya existencia se debe acreditar documen talmente.
¿Dónde estuvieron físicamente los autobuses?, ¿quiénes viajaron en ellos?, ¿qué rutas realizaron?, ¿cuántos días prestaron servicio? y ¿quién supervisó que los recursos comprometidos correspondieran a traslados verdaderamente efectuados?
No basta con elaborar un contrato y presentar facturas, porque el ejercicio responsable del presupuesto exige demostrar que los servicios fueron necesarios, recibidos y utilizados para los fines autorizados.
La obligación de comprobar la prestación del servicio aparece expresamente en el propio documento, que establece que el proveedor debía presentar evidencia ante la Tesorería Municipal para tramitar los pagos correspondientes.
Millones para autobuses, carencias para ciudadanos
Mientras Calimaya necesita inversiones para mejorar el suministro de agua, atender la basura, rehabilitar vialidades y fortalecer servicios básicos, su gobierno destinó más de dos millones y medio de pesos a una contratación cuya utilidad específica continúa sin acreditarse públicamente.
Cada autobús representó 85 mil 840 pesos mensuales con IVA, gasto que exige conocer si incluía combustible, operadores, seguros y mantenimiento, además de comprobar cuántos días estuvieron disponibles y cuáles fueron los traslados realizados.
El problema no consiste en contratar transporte cuando existe una necesidad legítima, sino en comprometer recursos públicos sin ofrecer una explicación suficientemente clara sobre los servicios recibidos y sus beneficios para la población.
¿El OSFEM investigará?
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México debe revisar el expediente, el procedimiento de adjudicación, las facturas, las transferencias bancarias y las evidencias de utilización de los vehículos, para establecer si la contratación y los pagos se ajustaron a las disposiciones legales.
También resulta pertinente preguntar si cualquier respaldo político del alcalde, incluido el que pudiera atribuirse a Reginaldo Sandoval, tendrá alguna in fluencia sobre la rendición de cuentas, aunque no existe evidencia presentada de una intervención para impedir la fiscalización.
Omar Sánchez Velázquez debe explicar el destino de los autobuses y justificar una contratación millonaria realizada durante 2025, particularmente porque la documentación disponible acredita el compromiso económico, pe ro no permite comprobar todos los servicios prestados ni los pagos efectivamente realizados.
Calimaya no necesita contratos rodeados de dudas, necesita agua, caminos transitables, servicios eficientes y cuentas claras, porque cuando se comprometen millones de pesos sin que el beneficio público pueda verificarse, la fiscalización deja de ser una opción y se convierte en una exigencia ciudadana.
¿Protección política o impunidad en Calimaya?
La cercanía política entre el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores y el alcalde de Calimaya, Omar Guillermo Sánchez Velázquez, abre una interrogante que merece atención: ¿hasta dónde llega el respaldo partidista y dónde comienza la responsabilidad de exigir cuentas por el manejo del dinero público?.
Las constantes apariciones de ambos en actos políticos, reuniones partidistas y actividades municipales podrían alimentar la percepción de que Omar Sánchez se siente políticamente protegido por el legislador petista, una circunstancia que suena “creíble” pero sobre todo, preocupante cuando su ad ministración enfrenta cuestionamientos por contrataciones millonarias cuya justificación pública sigue pendiente.
El arrendamiento de cinco autobuses por dos millones 575 mil 200 pesos durante 2025 constituye un ejemplo que exige explicaciones, particularmente por las dudas sobre el procedimiento de adjudicación y la falta de información verificable respecto del destino de las unidades.
Calimaya no necesita padrinos políticos ni administraciones intocables, necesita transparencia, fiscalización y autoridades capaces de explicar cada peso gastado, mientras la ciudadanía reclama agua, caminos dignos y servicios básicos que siguen pendientes.
Ahora bien, el municipio de Calimaya, Estado de México, cuenta con 68 mil 489 habitantes, tiene aprobado un presupuesto general de 473 millones 364 mil 354 pesos para 2026. Su alcalde, llegó apoyado por la coalición More-na-PT-PVEM, lo que le ha permitido cometer toda clase de abusos y arbitrariedades contra el municipio y sus habitantes, derivado de que, hoy por hoy, “si eres Morena eres libre de hacer y deshacer sin temor a represalias o investigaciones profundas”, y si esto sucede en ese micro municipio de Calimaya, ¿Puede usted imaginar que otras arbitrariedades cometen los demás alcaldes Morenistas, en municipios con el doble de habitantes y de presupuesto?.