La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención.
Según la Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados, la iniciativa —conocida popularmente como “Ley Antimeme”— modifica el artículo 144 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies para reconfigurar el régimen de “puerto seguro” de los proveedores de servicios de internet.
La aprobación se logró con el respaldo de los partidos de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), frente al rechazo de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Tras un debate de casi tres horas en el Pleno este 7 de octubre de 2026 —marcado por ausencias en diversos curules—, las y los legisladores concluyeron la votación en lo general para dar paso a la discusión de las reservas en lo particular.
La propuesta enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum ajusta las reglas de protección para las empresas que prestan servicios de internet y alojamiento digital:
Fin de la exención automática: La inmunidad legal de los proveedores respecto a lo que publican sus usuarios deja de ser un beneficio automático.
Requisito de política pública: Las plataformas quedarán exentas de responsabilidad solo si cuentan con una política clara, transparente y conocida por sus usuarios para suspender o dar de baja a infractores reincidentes.
Responsabilidad por daños: Las plataformas responderán legalmente cuando sus usuarios generen perjuicios a titulares de derechos de autor o propiedad intelectual.
Cómplices e incentivos: Las empresas también asumirán responsabilidad si contribuyen o inducen la infracción a sabiendas, o si tienen la capacidad de controlar al usuario infractor y obtienen un beneficio económico directo.
El dictamen, que llegó al Pleno tras su paso por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, generó discusiones encontradas sobre sus alcances:
Defensa del dictamen: La diputada Lucero Higareda Segura (Morena) sostuvo que la reforma atiende la responsabilidad del Estado de “proteger los derechos de autor frente a las nuevas formas de difusión”. Por su parte, el diputado Fabio Castellanos Polanco (Morena) desmintió que la ley busque frenar memes, sátiras o críticas políticas.
Críticas de la oposición: La diputada Ariana Rocío Rejón Lara (PRI) rechazó el dictamen al advertir que las sanciones podrían derivar en multas de hasta cinco millones de pesos y acusó un intento de silenciar a creadores y periodistas. En esa línea, Miguel Ángel Salim Alle (PAN) señaló que las leyes deben poner límites al poder y que la protección de derechos de autor no debe construirse “a costa de otros derechos” como la libertad de expresión.
Intercambio de acusaciones: Durante el choque verbal, legisladores de Morena como Marilyn Gómez Pozos cuestionaron el manejo presupuestal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, mientras representantes de oposición señalaron que la norma busca evitar publicaciones críticas en redes sociales sobre figuras políticas.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) será el organismo facultado para imponer multas escalonadas expresadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA):
De 5 mil a 40 mil UMA: Para quien comunique, grabe, reproduzca, distribuya o comercialice obras, fonogramas, videogramas o libros sin autorización. La misma sanción aplica a quien venda o transporte obras alteradas, o fabrique dispositivos para desactivar protecciones de software.
De mil a 5 mil UMA: A quien retransmita o difunda sin permiso las emisiones de organismos de radiodifusión.
De 500 a mil UMA: Cuando la infracción se cometa a escala comercial o industrial.
Sanción por reincidencia: Se sumará una multa adicional de 100 a 500 UMA a quien repita la conducta infractora.
El texto oficial de la reforma está enfocado en regular la propiedad intelectual y obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos sin licencia. Aunque legisladores promoventes aseguran que no persigue la sátira, representantes de oposición advierten que las reglas de retiro de contenido podrían ser usadas de forma ambigua contra la libertad de expresión.
Los proveedores de servicios digitales deberán hacer públicas sus políticas para suspender cuentas de usuarios que infrinjan de manera repetida los derechos de autor. Si no aplican estas reglas, la plataforma podrá ser demandada por los daños causados.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) será el organismo encargado de evaluar los casos y fijar los montos de las sanciones según la gravedad de la falta cometida.