La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) del Valle de Toluca, encabezada por Fernando Reyes Muñoz, celebra la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto impulsada activamente por la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL), representada por Jorge Luis Pedraza Navarrete, e ingresada al Congreso local por los diputados Emma Laura Álvarez Villavicencio y Pablo Fernández De Cevallos González.
Esta propuesta para reformar el artículo 290 del Código Penal del Estado de México busca tipificar con claridad y sancionar con severidad (de 5 a 10 años de prisión) a quienes cargan combustible y se dan a la fuga. Con esta medida se protegen los derechos de las unidades económicas y la integridad física del personal de despacho, atendiendo un problema donde los 1,000 o 2,000 pesos que se llevan en cada evasión representan un impacto financiero cada vez más difícil de solventar para el establecimiento, además del grave riesgo físico y de protección civil que generan estas huidas a alta velocidad en las estaciones de abasto.
La iniciativa fue impulsada por ADIGAL, organización que buscó el respaldo institucional de CANACO SERVYTUR para proyectarla con mayor solidez. Por su parte, la Cámara de Comercio, en su calidad de órgano de consulta y colaboración del Estado fundamentado en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, brindó su aval institucional para respaldar formalmente la iniciativa promovida ante las y los legisladores.
Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de ADIGAL, enfatizó que la tipificación adecuada combate la impunidad y brinda certeza a los Ministerios Públicos para no catalogar el hecho como una simple falta mercantil, dijo que una fuga a velocidad en una bomba de despacho pone en peligro real la vida de nuestro personal y de los usuarios de las estaciones.
Por su parte, Fernando Reyes Muñoz, presidente de CANACO SERVYTUR Valle de Toluca, respaldó la propuesta e hizo un reconocimiento al Poder Legislativo por ejercer su función de escucha hacia los entes de consulta representativos del comercio formal, destacando que atender las huidas de vehículos sin pagar protege tanto el patrimonio de los establecimientos como la seguridad integral en las estaciones de servicio.
Finalmente, ambas organizaciones reconocen que el Congreso del Estado de México atienda las causas del sector productivo para traducirlas en leyes que combatan la impunidad y brinden certeza jurídica a quienes generan empleo en la entidad.
