* Fernando Reyes advierte que la incertidumbre jurídica y las prácticas irregulares afectan al sector productivo; fiscal Rodrigo Archundia llama a denunciar y advierte que las empresas también pueden enfrentar responsabilidad penal……
Por Mireya Álvarez
La transparencia y la certeza jurídica deben convertirse en condiciones indispensables para el desarrollo económico y la actividad empresarial. Ante este panorama, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Valle de Toluca estrechó la colaboración con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México para fortalecer la prevención de conductas ilícitas y promover una cultura de legalidad entre los empresarios.
Durante una sesión de trabajo, Fernando Reyes Muñoz, presidente del organismo empresarial, sostuvo que el combate a la corrupción no puede recaer exclusivamente en las instituciones de procuración de justicia, sino que requiere la participación activa de la iniciativa privada y la sociedad civil.
Ante ello, señaló que las empresas necesitan condiciones de transparencia para desarrollar sus actividades sin enfrentar prácticas irregulares en trámites, inspecciones, clausuras y procedimientos administrativos, situaciones que generan incertidumbre y afectan su operación.
Como ejemplo de estas dificultades, compartió que recientemente enfrentó la clausura de una obra que, pese a llevar mes y medio, no había conseguido destrabar, sin tener claridad sobre las razones que originaron la medida, y aseguró que experiencias similares forman parte de la realidad de numerosos comerciantes y empresarios.
Reyes Muñoz destacó que la Canaco mantiene reuniones mensuales con la Fiscalía Anticorrupción, mediante pláticas y capacitaciones especializadas para que sus agremiados conozcan cómo prevenir irregularidades, identificar posibles delitos y presentar denuncias.
En este esfuerzo también impulsa el concurso infantil y juvenil “Héroes contra la Corrupción”, dirigido a participantes de entre seis y 17 años, quienes podrán expresar mediante dibujos y cómics cómo combatir este problema en sus hogares, escuelas y comunidades.
Por su parte, Rodrigo Archundia Barrientos, fiscal especializado en Combate a la Corrupción, advirtió que estas conductas no son exclusivas de los servidores públicos, pues también pueden involucrar a particulares y empresas que recurren a sobornos, tráfico de influencias o acuerdos ilegales para conseguir beneficios.
Subrayó que las personas jurídico-colectivas pueden enfrentar responsabilidades cuando los delitos se cometen en su nombre y beneficio, por lo que llamó al sector empresarial a implementar códigos de ética, controles internos, auditorías y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
El fiscal explicó que entre las conductas más denunciadas en la entidad se encuentran el cohecho y el abuso de autoridad, en este contexto, precisó que reciben alrededor de tres mil 500 denuncias anuales, de las cuales más de la mitad corresponden a presuntos abusos de autoridad cometidos por policías municipales, estatales y elementos de investigación.
También destacó que la Fiscalía puede investigar delitos conexos para evitar que determinadas conductas queden impunes y alcanzar sanciones más severas, y añadió que mantiene coordinación con agencias internacionales para rastrear recursos de procedencia ilícita y recuperar el dinero sustraído del erario.
Archundia Barrientos insistió en que la denuncia ciudadana es fundamental para combatir la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y evitar que las prácticas ilegales continúen perjudicando tanto a las instituciones como a la actividad económica.
Finalmente, ambos coincidieron en que la coordinación entre autoridades y empresarios debe traducirse en resultados concretos; menos irregularidades, mayor certidumbre jurídica y condiciones equitativas para quienes desarrollan sus actividades dentro de la legalidad.
