Por Martha Romero
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asestó uno de los operativos más importantes del año contra la tala ilegal en el Estado de México al clausurar temporalmente cuatro centros de transformación y almacenamiento de materias primas forestales en la comunidad de San Lorenzo Malacota, municipio de Morelos, dentro de la zona crítica de la Sierra de las Cruces, uno de los principales pulmones del Bosque de Agua, sin embargo, el aseguramiento también dejó al descubierto la dimensión de un problema que durante años ha rebasado la capacidad de vigilancia de las autoridades y ha permitido el funcionamiento de infraestructura dedicada al procesamiento de madera presuntamente ilegal.
La intervención se realizó el pasado 30 de julio como parte del Tercer Multi Operativo Forestal Nacio nal, desarrollado del 27 al 31 de julio, en el que participaron 182 servidores públicos pertenecientes a la Profepa, Semarnat, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Policía Es tatal, Probosque, C5 y otras dependencias federales y estatales, con el apoyo de 40 vehículos oficiales y dos drones para fortalecer las labores de inspección y vigilancia.
Un problema que creció durante años.
Aunque el operativo representa un golpe importante para la cadena ilegal de aprovechamiento forestal, también evidencia una realidad incómoda, la tala clandestina no aparece de un día para otro, requiere caminos abiertos, transporte, maquinaria especializada, compradores y centros de almacenamiento que operan durante meses o incluso años antes de ser detectados.
La Sierra de las Cruces forma parte del Bosque de Agua, una región estratégica que abastece de agua potable a millones de habitantes del Valle de México, además de capturar carbono, regular el clima y conservar una de las mayores reservas de biodiversidad del centro del país, pese a ello, durante años ha enfrentado una presión constante provocada por la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo, los asentamientos irregulares y la ex-pansión de redes dedicadas al comercio ilícito de madera.
Especialistas ambientales han ad vertido que la pérdida de cobertura forestal en esta región no sólo representa un daño ecológico, sino también una amenaza directa para la seguridad hídrica de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos.
Los aseguramientos
Durante la jornada fueron inspeccionados cuatro aserraderos y una maderería, únicamente uno de los establecimientos revisados acreditó la legal procedencia de sus materias primas y cumplió con la normatividad ambiental, por lo que no fue objeto de sanciones.
En contraste, el Centro de Alma-cenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales “El Cedro” fue clausurado de manera total temporal, además fueron aseguradas una torre de aserrío, un carro porta trozas, una camioneta, más de tres metros cúbicos de madera aserrada de pino, así como documentación forestal consistente en remisiones y reembarques.
En otro aserradero sin identificación oficial fueron aseguradas dos camionetas, maquinaria industrial, motores, madera en rollo de pino y oyamel, así como más de 160 piezas de madera aserrada.
Un tercer establecimiento también fue clausurado después de encontrarse torres de aserrío, carros porta trozas, motores de gasolina, decenas de rollos de madera y cientos de piezas de madera procesada de pino y oyamel.
Finalmente, una maderería fue clausurada y quedaron bajo aseguramiento las herramientas utilizadas para el procesamiento forestal.
El desafío apenas comienza
Los operativos de Profepa han aumentado durante 2026 en diversas regiones del Estado de México, incluyendo Ocuilan, Chapa de Mo-ta y ahora la Sierra de las Cruces, donde previamente también se han detectado tomas clandestinas de energía eléctrica utilizadas para mantener funcionando aserraderos ilegales y redes de procesamiento de madera.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas sostienen que los aseguramientos administrativos representan únicamente una parte del problema, porque mientras no existan investigaciones penales que alcancen a quienes financian la tala clandestina, organizan el transporte y comercializan la madera, los establecimientos clausurados pueden ser sustituidos rápidamente por nuevos centros de operación.
La propia Profepa ha reconocido que el combate a la tala ilegal requiere mantener operativos permanentes sobre toda la cadena productiva forestal, desde el derribo clandestino de árboles hasta la transformación, almacenamiento y comercialización de la madera.
El operativo realizado en la Sierra de las Cruces demuestra que existe capacidad institucional para actuar cuando existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero también confirma que la presión sobre el Bosque de Agua sigue siendo enorme y que proteger uno de los ecosistemas más importantes del centro del país exigirá mucho más que operativos aislados, requerirá vigilancia permanente, procesos judiciales eficaces y una estrategia capaz de impedir que las redes dedicadas al saqueo forestal vuelvan a instalarse apenas se retiren las autoridades.
