* La clausura llega después de años de malos olores, protestas y advertencias, pero más de dos mil familias siguen rodeadas por otros focos de contaminación que las autoridades todavía tienen que resolver……
Por Karina Rocha
Calimaya, México.- La clausura del relleno sanitario ubicado en los límites de San Antonio la Isla y Calimaya representa una primera respuesta a años de inconformidad ciudadana, pero está lejos de cerrar una crisis ambiental que mantiene a más de dos mil familias entre malos olores, un tiradero clandestino y descargas de aguas residuales, mientras crecen los cuestionamientos sobre por qué las autoridades permitieron que los problemas llegaran hasta este punto.
Durante años habitantes denunciaron olores insoportables, posibles riesgos derivados del manejo de residuos y afectaciones a su calidad de vida, pero fue necesario que la inconformidad escalara hasta protestas y bloqueos para colocar definitivamente el problema en la agenda gubernamental.
Este lunes 10 de agosto, apenas un día antes de conocerse la clausura, representantes ciudadanos participaron en una reunión de Cabildo para discutir específicamente tres problemas: el relleno sanitario, el tiradero clandestino y el vertido de aguas negras.
Participaron el presidente municipal de Calimaya, Omar Sánchez; representantes del gobierno estatal; directores y el secretario del Ayuntamiento; un representante del relleno sanitario; delegados de La Conchita y San Andrés, así como habitantes y representantes de Valle del Nevado, Lomas Virreyes, Villas del Campo, La Vista, Residencial San Andrés, El Mesón y Valle de las Fuentes, además del Comité Ciudadano Calimaya.
El secretario técnico quedó encargado de elaborar la minuta correspondiente.
Vecinos ya habían puesto las alertas sobre la mesa
Durante la reunión, el Comité Ciudadano Calimaya presentó una propuesta que adquiere mayor relevancia después de la clausura.
Los habitantes solicitaron que, con intervención de las autoridades de San Antonio la Isla y Calimaya, se revisen y actualicen permisos, vigencias y cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, así como la certificación de calidad ambiental correspondiente al relleno operado por VIGUE Relleno Sanitario, S.A. de C.V.
También demandaron verificar el monitoreo de emisiones de gases, particularmente metano, ante los riesgos que una concentración inadecuada puede representar.
El planteamiento evidencia que los vecinos no solamente exigían cerrar instalaciones, sino conocer bajo qué condiciones funcionaban y si cumplían integralmente con las obligaciones ambientales.
Y aquí surge una de las principales preguntas para las autoridades: si existían inquietudes sobre permisos, emisiones, contaminación y condiciones de operación, ¿por qué fue necesario esperar hasta una crisis social para realizar acciones contundentes?
Los antecedentes hacen todavía más incómoda la interrogante.
Las inconformidades por malos olores no comenzaron esta semana. Habitantes sostienen que llevan años padeciendo el problema y existen antecedentes públicos de protestas desde mucho antes de la actual administración.
La clausura, por tanto, difícilmente puede presentarse como una solución oportuna.
Cerrar el relleno no acaba con la contaminación
El problema más grave es que los sellos colocados en el relleno sanitario no eliminan los demás focos denunciados.
Los residentes aseguran que continúa existiendo un tiradero clandestino y persisten descargas de aguas negras, por lo que reclaman una intervención integral de autoridades municipales, estatales y federales.
El propio Comité Ciudadano pidió ejercer las acciones legales necesarias contra quien resulte responsable del vertido de aguas residuales y obligarlo al saneamiento y mitigación total del daño ambiental.
También propuso que Calimaya y San Antonio la Isla trabajen conjuntamente en un programa de separación de residuos para reducir la cantidad de basura enviada a disposición final.
La exigencia resulta elemental: no basta limpiar un punto para permitir que posteriormente vuelva a contaminarse.
Por ello también comienzan a surgir cuestionamientos hacia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, particularmente sobre las inspecciones realizadas, las clausuras anteriores y el seguimiento que debió garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas.
Si anteriormente fueron colocados sellos y posteriormente las actividades contaminantes continuaron, las autoridades tendrán que explicar qué ocurrió, quién permitió la reanudación y bajo qué condiciones.
Omar Sánchez tampoco puede deslindarse
El alcalde Omar Sánchez ha buscado apoyo del gobierno estatal argumentando que varios problemas requieren intervención de otras instancias, especialmente porque el relleno se encuentra territorialmente en San Antonio la Isla.
La explicación administrativa puede ser válida, pero resulta insuficiente políticamente.
Quienes respiran los malos olores son habitantes de Calimaya, quienes denuncian afectaciones son familias de Calimaya y quien gobierna ese municipio tiene la responsabilidad de encabezar las gestiones necesarias hasta obtener soluciones, aunque determinadas facultades correspondan a otras autoridades.
La intervención estatal y federal resulta ahora indispensable, pero también será necesario determinar qué hicieron durante los últimos años las instituciones responsables de vigilar el cumplimiento ambiental.
La gobernadora Delfina Gómez y el gobierno federal tienen frente a sí un problema que ya rebasó la capacidad municipal y que exige coordinación efectiva, inspecciones independientes y resultados verificables.
La clausura del relleno es apenas un primer paso.
Ahora deberán transparentarse las causas precisas de la medida, determinar si será temporal o definitiva, revisar permisos y certificaciones, evaluar suelo, agua y emisiones, atender el tiradero clandestino, detener las descargas residuales y establecer responsabilidades.
Los vecinos lograron poner a Calimaya bajo la mirada de las autoridades, pero no deberían haber necesitado protestar para conseguirlo.
Colocar sellos puede tomar unas horas; recuperar un entorno deteriorado durante años requerirá mucho más.
Y si después de la clausura continúan los malos olores, las aguas negras y la basura clandestina, quedará demostrado que el verdadero problema nunca fue solamente un relleno sanitario, sino años de tolerancia institucional frente a una crisis ambiental que miles de familias tuvieron que padecer diariamente.
