* Cuatro atrapados exhiben crisis de huachicol……
Por Mary González
El Estado de México vuelve a quedar expuesto por una realidad que las autoridades insisten en minimizar, un derrumbe en un túnel clandestino conectado a un ducto de Petróleos Mexicanos dejó a cuatro personas atrapadas en el municipio de Acolman, un hecho que no solo refleja la expansión del robo de combustible, sino la normalización de estructuras criminales que operan bajo tierra sin control efectivo.
El incidente ocurrió durante una inspección de la petrolera, que horas después confirmó el colapso, mientras que, de manera paralela, se desplegó un operativo de rescate con participación de Protección Civil, sin embargo, la reacción institucional volvió a ser tardía y opaca, alimentando más dudas que certezas sobre lo ocurrido.
Un derrumbe que no es accidente
Lo sucedido no puede leerse como un hecho aislado, el túnel, de aproximadamente cien metros de longitud, formaba parte de una red clandestina destinada al robo de hidrocarburos, una práctica que desde hace años se ha incrustado en distintas regiones del país y que en el Estado de México encuentra condiciones propicias para expandirse.
Las propias autoridades confirmaron que las personas atrapadas no forman parte de la empresa, lo que apunta directamente a su presunta participación en actividades ilegales, sin embargo, el foco no debería limitarse a quienes quedaron bajo tierra, sino a la estructura que permitió que ese espacio existiera, operara y creciera sin ser desmantelado a tiempo.
Versiones encontradas, verdad fragmentada.
Mientras Petróleos Mexicanos ofrecía una versión limitada, medios y testimonios comenzaron a revelar un escenario más complejo, familias de los atrapados reportaron su desaparición ante la Fiscalía estatal, lo que sugiere que las autoridades conocían previamente la existencia del sitio.
Aún más grave, el lugar donde ocurrió el derrumbe ya había sido escenario de muertes en 2024, lo que evidencia que no solo se trata de una operación clandestina reiterada, sino de un punto identificado que, pese a antecedentes fatales, continuó activo, sin vigilancia efectiva ni intervención contundente.
La contradicción entre la narrativa oficial y la información periodística vuelve a poner sobre la mesa una constante, la fragmentación de la verdad y la incapacidad institucional para ofrecer explicaciones completas y oportunas.
Huachicol, negocio intacto
El robo de combustible no solo persiste, evoluciona, se tecnifica y se oculta bajo tierra, la construcción de túneles para perforar ductos revela un nivel de organización que supera la respuesta gubernamental, mientras las estrategias de contención parecen quedarse en operativos reactivos que llegan cuando el daño ya está hecho.
En el Estado de México, este fenómeno no es marginal, forma parte de una economía ilegal que se ha consolidado en diversas regiones, alimentando redes delictivas que operan con relativa impunidad, generando riesgos permanentes para la población, desde explosiones hasta contaminación y pérdidas millonarias para el erario.
Rescate en curso, responsabilidades ausentes
Mientras continuaban las labores para localizar a las cuatro personas atrapadas, la FGJEM abrió una investigación que, paradójicamente, no solo busca esclarecer el derrumbe, sino también proceder contra quienes permanecían bajo tierra, lo que exhibe una lógica institucional que actúa más rápido para sancionar que para prevenir.
El despliegue de cuerpos de emergencia contrasta con la ausencia de acciones preventivas que eviten que estos túneles sigan proliferando, la pregunta no es únicamente si los atrapados serán rescatados con vida, sino cuántos espacios similares existen operando en silencio.
El subsuelo de la impunidad
El colapso del huachitúnel en Acolman no solo atrapó a cuatro personas, dejó al descubierto un subsuelo de impunidad donde convergen negligencia, omisión y crimen organizado, una mezcla que se repite en distintas zonas del Estado de México y que confirma que la seguridad no se pierde solo en las calles, también se fractura bajo tierra.
Lo verdaderamente alarmante no es el derrumbe en sí, sino lo que representa, un sistema incapaz de anticipar, contener y erradicar actividades ilícitas que, pese a su peligrosidad, siguen operando con una persistencia que ya no puede explicarse como descuido, sino como falla estructural que sigue sin resolverse.
