* A seis años de lucha ininterrumpida, familiares de personas injustamente presas denuncian el incumplimiento de promesas por parte de la gobernadora y el hermetismo de la Fiscalía estatal……
Por Mireya Álvarez
Con una línea del tiempo instalada frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), integrantes del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” conmemoraron seis años de resistencia y entre consignas y testimonios de tortura institucional, la activista Laydi Plácido Arroyo y familiares de internos hicieron un llamado urgente a la gobernadora del Estado de México y a la Legislatura local para reformar la Ley de Amnistía, la cual calificaron de “limitada y excluyente”.
Las activistas recordaron la frase que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a la actual gobernadora: “Si es una injusticia, se tiene que corregir”, sin embargo, a casi dos años de reuniones con el gabinete estatal y la toma de fotografías oficiales, los familiares denuncian que la revisión de los casos se ha estancado.
“La paciencia ya excedió los límites. La gobernadora empeñó su palabra el 9 de mayo de 2024 y hoy estamos aquí plantadas porque no hay respuesta”, señaló Plácido Arroyo.
El colectivo identificó tres puntos críticos que bloquean la libertad de los inocentes en la entidad como: la temporalidad, ya que dijo, actualmente, la ley solo aplica para delitos cometidos hasta el año 2020, ante lo cual el colectivo exige eliminar este candado que deja fuera a quienes fueron víctimas de fabricación de delitos en años recientes; dos, la reparación del daño, donde denuncian que se exige a los inocentes pagar reparaciones para obtener su libertad. “Siendo inocentes y con violaciones al debido proceso, el Estado debería pagarles a ellos por los años robados”, sentenciaron; y tres en los delitos de alto impacto, urgen a que la ley alcance casos de homicidio y secuestro cuando existen pruebas de fabricación de carpetas, ya que las autoridades suelen “espantarse” por la etiqueta del delito sin revisar la veracidad de las acusaciones.
Respecto al papel del Fiscal General, José Luis Cervantes Martínez, las mujeres lamentaron su postura de “no competencia”, y recordaron que, aunque los delitos se fabricaron en administraciones pasadas, la institución tiene la obligación constitucional de entablar un diálogo.
“No pedimos favores ni acuerdos en lo oscuro; pedimos el derecho de petición conforme al artículo 8vo constitucional”, aclaró Plácido Arroyo, denunciando además episodios de hostigamiento contra el plantón por parte de elementos de la Fiscalía.
El testimonio de las madres reveló el costo humano y económico de la prisión. “Mantener a un familiar preso cuesta en promedio dos mil pesos por visita, entre alimentos dignos y artículos de aseo que el sistema no provee”, denunciaron e indicaron que, para solventar estos gastos, han creado “mercaditas” y actividades de trueque.
“La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos”, repitieron las integrantes del colectivo, haciendo alusión a que su falta de influencias y dinero es lo que mantiene a sus hijos y esposos tras las rejas. Actualmente, el colectivo mantiene bajo su resguardo cerca de 18 casos críticos que esperan resolución en el Poder Judicial.
