Por Mireya Álvarez
A pesar de que los municipios del Estado de México tienen la obligación legal de contar con un sistema anticorrupción, la falta de voluntad política de las autoridades locales está obstaculizando su correcto funcionamiento, de acuerdo con Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), entre el 60 y 70 por ciento de estos comités municipales enfrentan serias trabas para trabajar de manera efectiva.
Hernández Flores detalló que esta situación se ha documentado a través de una encuesta realizada a los propios comités, donde se ha detectado que no se les permite trabajar plenamente, siendo las principales barreras la falta de acceso a servidores públicos, donde no se les facilita la comunicación ni la colaboración con los funcionarios municipales, lo que impide su labor de supervisión y prevención.
Además de que los ayuntamientos no cubren las prestaciones ni los pagos correspondientes a los integrantes del CPC, e incluso en algunos casos, los comités han trabajado por meses sin recibir su sueldo, lo que provoca la desinstalación total del sistema.
Aunado a ello, los comités coordinadores municipales, que deben sesionar de manera obligatoria para planear acciones de combate a la corrupción, simplemente no lo hacen. “Sin estas reuniones, los comités no pueden avanzar en su trabajo”, denunció.
Ante ello, la presidenta del CPC enfatizó que esta problemática no es exclusiva de municipios pequeños o con pocos recursos, indicó que los problemas se presentan en ayuntamientos de todo tamaño y condición. Incluso mencionó el caso de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jiquipilco, y Jocotitlán como ejemplos positivos, donde a pesar de sus limitaciones, los comités operan de manera efectiva.
“La situación es tan grave que ha provocado la desinstalación completa de siete sistemas municipales en Aculco, Chalco, Chapa de Mota, Chiconcuac, Morelos, Polotitlán y Santo Tomás. En estos casos, ya no queda ni un solo integrante…No los dejan trabajar con servidores públicos municipales, no pueden avanzar. Es una obligación legal también colaborar con ellos”, sentenció.
Para revertir esta situación, el CPC ha dado vista a la Contraloría del Poder Legislativo, además, la presidenta advirtió que los ayuntamientos que no cumplan con sus obligaciones, incluyendo la instalación, el pago de honorarios y la entrega de informes, serán acreedores a responsabilidades administrativas. La sanción recaerá directamente sobre el presidente municipal y el cabildo.
Claudia Margarita destacó que el sistema anticorrupción ha funcionado en el sentido de que ha logrado la coordinación entre diversas autoridades, la ciudadanía y el sector privado. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la falta de voluntad política de las autoridades municipales.
“¿Qué nos falta? Que nos permitan trabajar. La voluntad política en los ayuntamientos para que los sistemas municipales puedan trabajar”, concluyó.
