Por Martha Romero
El Congreso Mexiquense, por unanimidad de votos, aprobó la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reformar el Código Penal del Estado de México con el fin de sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia y endurecer las penas a quienes reincidan en la comisión de este delito.
De acuerdo con el documento, comete el delito de acoso sexual quien realice una conducta de naturaleza sexual no consentida a persona de cualquier sexo, que lesione su dignidad o que sea indeseable para quien la recibe, además de quien realice una conducta de naturaleza sexual a cualquier persona sin su consentimiento en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.
Además, cuando la conducta sea realizada de manera reiterada o aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, la pena se incrementará en una mitad, por lo que elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito, por lo que cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado, sin necesidad de que se repita.
Menciona que el servidor público de instituciones policiales, de procuración o administración de justicia, cuando corresponda al ámbito de su competencia, que se niegue a recibir la denuncia de la víctima, la persuada, disuada o intimide para no interponerla, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, además de la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta, para ejercer empleo, cargo o comisión públicos.
Refiere que en la interpretación y aplicación de este delito deberá considerarse la perspectiva de género y los contextos de vulnerabilidad de la víctima.
Destaca que las víctimas podrán levantar una denuncia ante la autoridad y ésta procederá sin necesidad de esperar hasta que el acusado repita la conducta, además de que la denuncia por acoso aplica en cualquier lugar en el que se presente, ya sea en sitios públicos, instalaciones o en el transporte público.
Con esta modificación, el Gobierno del Estado de México refuerza la protección a las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la violencia sexual, al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar sin castigo.
