* Para fortalecer los mecanismos de protección, prevención y apoyo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la entidad, aprobó la creación de un directorio voluntario para brindarles protección en casos de emergencia……
Por Martha Romero
Para fortalecer mecanismos de protección, prevención y apoyo, el Congreso Mexiquense aprobó crear un directorio voluntario de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, implementar protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención en casos de emergencia, y su acceso a atención médica, programas sociales y gastos funerarios.
En sesión ordinaria, los legisladores avalaron que este listado con datos de contactos designados, casas editoriales, organizaciones, colectivos o medios de comunicación, no implique asociación obligatoria o condición para la incorporación al Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y funcione como instrumento complementario y preventivo para agilizar la comunicación en caso de emergencia.
El dictamen que conjunta las iniciativas del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dispone que el Consejo Consultivo del mecanismo administre tal registro, así como que los datos proporcionados se traten de conformidad con la legislación en materia de protección de datos personales.
El decreto mandata que las acciones del mecanismo se deben regir bajo el principio de garantía del ejercicio periodístico, entendido como el conjunto de condiciones jurídicas, institucionales y materiales que aseguran el ejercicio libre, independiente, seguro y sin injerencias del periodismo, en beneficio del derecho de la sociedad a la información.
Plantea que corresponde al Estado implementar las mejores prácticas y protocolos para el reconocimiento, intervención, interacción y atención de este grupo, incluyendo a quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, a la diversidad sexual, personas migrantes o cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad que sea identificado por la Coordinación Ejecutiva del mecanismo.
Además, la Secretaría de Seguridad, así como las autoridades municipales, publiquen y actualicen de forma periódica un protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad y sus elementos con estas personas.
El documento contempla la ampliación a la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos con apoyo para gastos funerarios, capacitación y formación profesional orientados a la seguridad, autoprotección y desarrollo profesional, y acceso a programas sociales y servicios de salud.
También se fortalece operativamente al Consejo Consultivo del mecanismo mediante la reducción de sus integrantes de 13 a nueve, debido a que por el tamaño y la obligación de contar con una persona suplente por cada integrante, su funcionamiento es limitado.
Establece criterios transparentes y públicos para su nombramiento, y la incorporación de una participación regional equilibrada, que garantice la representación de las distintas regiones y zonas estatales, asegurando que las decisiones se nutran de la experiencia de periodistas y personas defensoras, así como que, en su integración, se atienda la paridad de género.
Además, se incorpora al marco legal estatal la vestimenta y otros instrumentos de identificación voluntaria y preventiva para el ejercicio de su labor, precisando que el uso de estos instrumentos no debe implicar riesgos adicionales ni vulneraciones a su privacidad, ya que su implementación será de carácter libre y voluntario para no ser contraria a estándares internacionales.
Finalmente, se plantea que el fondo de recursos a cargo del Estado para la operación del mecanismo se destine exclusivamente a la implementación y ejecución de medidas preventivas y de protección de carácter urgente.
