* La propuesta de la gobernadora Delfina Gómez busca ampliar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, así como mejorar la coordinación interinstitucional en la materia, profesionalización de cuerpos policiales y participación comunitaria……
Por Martha Romero
Con el fin de consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales, que promueva un modelo de seguridad centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz social, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió una iniciativa al Congreso Mexiquense.
La propuesta propone reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa, así como ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, además de actualizar la coordinación interinstitucional en la materia, la profesionalización de los cuerpos policiales y la participación comunitaria.
La iniciativa que plantea reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Seguridad, ambas del Estado de México, propone que las mesas de paz sean las instancias de decisión ejecutiva y de coordinación inmediata de las instituciones estatales de seguridad pública, presididas por el titular del Ejecutivo Estatal e integrada por 10 entes públicos relacionados, además del Poder Judicial como invitado permanente y los municipios cuando sea necesario.
También propone que la Secretaría de Seguridad estatal, en temas de investigación e inteligencia, deberá implementar estrategias con base en mecanismos de inteligencia para prevenir e identificar amenazas y generadores de violencia, coadyuvando a la sanción oportuna de éstas y asegurando que las instituciones de seguridad actúen con eficacia y con pleno respeto a los derechos humanos.
Sobre la coordinación interinstitucional refiere que las instancias estatales y municipales de seguridad deben garantizar el cumplimiento de la legislación, contribuir a la efectiva cooperación de los sistemas estatal y nacional en el ramo, además de proporcionar al Sistema Nacional de Información las bases de datos correspondientes para su interconexión y consulta.
En materia de fortalecimiento del servicio profesional de carrera y de los esquemas de profesionalización para las personas integrantes de las instituciones relacionadas, se definen con mayor claridad sus derechos y obligaciones, como el derecho a recibir una remuneración conforme al servicio que desempeñan y el riesgo de sus funciones.
Propone que el personal de prevención, reacción, investigación, análisis criminal y custodia penitenciaria cuente con condiciones profesionales y laborales dignas, así como homologar perfiles, funciones y requisitos de ingreso y permanencia de las personas integrantes de estas dependencias.
Finalmente, plantea procesos de promoción, certificación y evaluación de control de confianza para asegurar que su actuación se apegue a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para contribuir a un sistema de seguridad pública más confiable, eficaz y orientado a la protección de las personas.
