La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el fallo del ministro Javier Laynez que frena la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso fueran destinados a Acapulco por las afectaciones que dejó el huracán “Otis”.
A través de un comunicado indicó que presentó el recurso de reclamación “en contra de la medida cautelar otorgada ilegalmente, ya que el propio ministro Javier Laynez Potisek reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales” .
La Consejería lamentó que el ministro Laynez Potisek, a pesar de haberse pronunciado, anticipada y públicamente en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del PJF que no estén previstos en alguna norma, lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador”.
“Así, no es extraño que, de manera arbitraria, haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias”, señaló .
Para justificar el otorgamiento de la suspensión, señaló, el ministro “señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados”.
Apuntó que Laynez afirma indebidamente que los fondos de estos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional. Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF.
“El ministro Laynez consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer ‘inmune’ frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional”, señaló.
Se omite considerar que, desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que los fideicomisos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos, por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, ya que las prestaciones laborales están garantizadas con recursos presupuestales y no dependen de los fideicomisos, como indebidamente lo señala el ministro instructor, agregó .
